“Quiero saber de quién es la culpa, quién falló”, dice el tinetense Maximino Arias, que está a la espera de que el juez autorice la exhumación de su hermana Conchita, enterrada hace unos días en Lugo como si se tratase de su compañera de habitación en el geriátrico donde residía. No solo confundieron su identidad en el centro, sino que no hubo una comprobación por parte de los familiares, debido a las limitaciones impuestas por el covid-19. Un doble error que “es muy difícil que pase”, según cree el experto en derecho civil Víctor Manuel Sánchez Tejón, y que merecería una indemnización por daños morales, aunque éstos deben demostrarse. Una vez que el juez dé el visto bueno, Maximino Arias quiere llevar los restos de su hermana con los de su marido, para que por fin pueda descansar en paz.
Maximino Arias aseguró que recibió una llamada de la residencia ayer por la mañana. “Algún papel han resuelto ya, estoy a la espera de que me avisen para poder hacer el traslado”, comentó Arias, un poco “cansado” de la atención mediática del caso. “Yo soporto todo, pero otros no lo aguantarían”, asegura este hombre de 85 años.
El tinetense quiso desmentir un bulo que se ha extendido en algunos medios en los últimos días. “Los gastos del entierro ya los ha pagado la familia de Rogelia (la mujer con cuya identidad fue enterrada Conchita Arias). A mí no me han pedido nada, como se ha publicado por ahí, no es cierto, es un bulo. Los gastos que los pague quien diga el juez. Yo, por mi parte, si tengo que pagar algo por pasarla al otro nicho, no tengo ningún problema”, indicó Maximino Arias. No obstante, no apuntó a nadie como responsable del error garrafal que llevó a que enterrasen a su hermana bajo la identidad de su compañera de habitación. Como explicó a LA NUEVA ESPAÑA, fue a visitar a su hermana en la residencia y entonces “apareció la Rogelia”, su compañera de habitación.
Los trámites para reparar el error son bastante simples, según explicó el letrado Víctor Manuel Sánchez Tejón. “Si el fallecimiento ya se ha notificado al Registro civil, hay que abrir un expediente administrativo de subsanación de errores. Hay que presentar un escrito demostrando que la persona supuestamente fallecida sigue viva, así como la identidad de la otra persona. Una vez demostrado, se cambia en el Registro”, indica.
Una vez realizado este trámite, el Juzgado –en este caso el de Viveiro– debe autorizar la exhumación para que la fallecida repose en el lugar correcto. “A partir de ahí hay que determinar de quién es la responsabilidad, para que corra con los gastos, el centro geriátrico, la Comunidad Autónoma... Lo que está claro es que los perjuicios no los han causado los familiares, no se les puede reclamar dinero alguno”, añade Sánchez Tejón.
En cuanto a si deben pagarse daños morales, el letrado cree que sí, pero debe demostrarse “si lo ocurrido creó ansiedad entre los familiares, si debieron someterse a tratamiento. En cualquier caso serían pequeños”. La cosa podría haberse complicado si se hubiese pagado la pensión a la fallecida, lo que añadiría otras gestiones con la seguridad social. Lo que está claro es que “estas cosas ha que comprobarlas bien, hay que llamar a los familiares para que identifiquen al fallecido”, cree Sánchez Tejón.
