El presidente del Principado, Adrián Barbón, se desmarcó ayer de las normas establecidas por la Consejería de Salud para definir los colectivos prioritarios en el calendario de la vacunación contra el covid-19 en Asturias. Aseguró que no se trata de una decisión política, sino exclusivamente competencia del Servicio de Salud del Principado. Ante la polémica por la vacunación de equipos directivos sanitarios y de sindicalistas liberados, Barbón quiso ser rotundo, una vez más: “Ninguno de los 83 altos cargos del Gobierno, incluido yo, se ha vacunado, porque, si alguno lo hubiera hecho, el cese sería fulminante”. Según pudo saber LA NUEVA ESPAÑA, llamó personalmente a los miembros de su Gobierno para emplazarles a que no se vacunaran antes de tiempo.

Igual de tajante se mostró el Presidente para aclarar que él no tomó decisión alguna sobre el proceso de vacunación en Asturias. “Son criterios técnicos, no políticos. No es la opinión del Presidente, es una interpretación técnica que los equipos del servicio de Salud del Principado de Asturias hacen del plan nacional de vacunación”, declaró Barbón ayer en una entrevista radiofónica, donde le preguntaron también si él respaldaba el criterio de vacunación. Otra vez volvió a guardar distancia: “Yo no estoy diciendo eso, estoy diciendo que el Sespa tiene que dar cuenta de los criterios que ha aplicado para ponerlos a la luz y que sean objeto de debate”, manifestó Adrián Barbón, quien también dijo desconocer cuántos directivos sanitarios o liberados sindicales han recibido ya la vacuna contra el coronavirus. “Son datos que maneja el Servicio de Salud del Principado”, comentó Barbón, quien incidió en que esa decisión obedece “a una interpretación técnica que hace el Servicio de Salud del Principado y tendrá que dar cuentas de por qué y cómo la aplicó, con total transparencia, que es como se tienen que hacer estas cosas”. El Presidente asumió que “hay mucha preocupación en la gente” por esta cuestión y subrayó que el consejero de Salud, Pablo Fernández, ya “ha pedido comparecer para dar explicaciones”.

El principal partido de la oposición, el PP, exigió al Gobierno que depure responsabilidades ante “las irregularidades” en la vacunación de equipos directivos de la sanidad y de sindicalistas liberados, un hecho que juzgó “bochornoso”. La diputada Beatriz Polledo exigió “la dimisión inmediata” de la gerente del Servicio de Salud del Principado de Asturias, Concepción Saavedra, a la que acusó de “mentir” porque “se ha saltado el protocolo del Ministerio de Sanidad acordado con las comunidades autónomas” y “pretende justificar lo injustificable”. La diputada popular considera que “es hora de que la gerente del Sespa dé un paso atrás, ya no tiene credibilidad ante los asturianos para seguir al frente de este cargo en una situación tan crítica como la que vivimos. Y si la gerente no da ese paso, pediremos a Barbón que tome las medidas oportunas, ya que tanto alardea de contundencia”, concluyó la parlamentaria del PP.