Las cárceles españolas están en un momento crítico de contagios. La cárcel de Picassent (Valencia) ha tenido que ser cerrada después de que se hayan infectado 157 reclusos y otros 425 se encuentren en cuarentena por sospecha de covid. En la de Teruel, la mitad de la población reclusa, 104 reclusos, y un funcionario, tienen la enfermedad. La cárcel asturiana viene capeando la pandemia sin muchos estragos, pero precisamente por eso, para evitar que la situación se descontrole, el sindicato CSIF acaba de pedir a la Consejería de Salud y a la Delegación del Gobierno que acometa un cribado urgente de todos los internos y trabajadores que acceden al centro penitenciario de Asturias, para determinar y minimizar la incidencia del virus en el interior del penal.

Además, solicita que se efectúen las gestiones necesarias al objeto de dar prioridad a la vacunación del personal del centro y la población reclusa, una vez que finalice la vacunación en las residencias de ancianos y del personal sanitario, con el fin de evitar que los contagios puedan poner en riesgo el funcionamiento y la seguridad del centro, así como un incremento en la presión hospitalaria.

El sindicato llama la atención sobre la preocupante y creciente incidencia de la enfermedad en Asturias, pero también sobre el hecho de que en los centros penitenciarios conviven personas con sistemas inmunitarios muy debilitados, con mayor riesgo de enfermar gravemente, al tratarse de espacios cerrados. Resalta además que los profesionales penitenciarios son personal esencial que trabaja en espacios cerrados, por lo que deberían ser prioritarios a la hora de la vacunación.