Los tres presuntos asesinos del concejal de Llanes Javier Ardines (muerto a golpes y estrangulado el 16 de agosto de 2018 en Belmonte de Pría) que cumplen el día 19 los dos años de prisión preventiva, han pedido esta mañana en la sección segunda de la Audiencia Provincial, con sede en Oviedo, salir de la cárcel hasta la celebración del juicio, que tendrá lugar, según creen los letrados de las partes, el próximo mes de mayo o en junio. Los acusados aseguraron ante el magistrado Agustín Lobejón que no escaparán si quedan en libertad provisional, y que están dispuestos a pagar la cantidad que el tribunal considere oportunas.

Según señaló Luis Mendiguren (letrado de Jesús Muguruza, supuesto intermediario entre el instigador del crimen y los sicarios), su defendido ya no puede destruir pruebas, dos años después de su ingreso en prisión, y tiene además arraigo en Bilbao, donde viven su hijo y su mujer, que están enfermos y necesitan sus cuidados. "En esas condiciones no se le ocurriría escaparse, está dispuesto a pagar una fianza y cumplir las condiciones que establezca el tribunal", señaló Mendiguren. Este letrado considera muy conveniente que su defendido pueda acceder al tribunal por su propio pie, y no detenido. De lo contrario, podría influir negativamente en el jurado.

Por su parte, Adrián Fernández, letrado de Djilali Benatia, uno de los supuestos sicarios del crimen, adujo que no hay posibilidad de que escape, dado su arraigo en Bilbao. "Tardaron en detenerle seis meses y no escapó. Por otro lado, ha recurrido su expulsión del país por otro asunto, lo que demuestra que no está dispuesto a escapar", indicó Fernández.

Javier Beramendi, letrado del supuesto instigador del crimen, Pedro Luis Nieva, también resaltó su arraigo, que le hace incapaz de escaparse. Estos argumentos no convencieron a la Fiscalía y a la acusación particular, ejercida por la familia de Javier Ardines, bajo el asesoramiento letrado de Antonio Pineda. Las acusaciones pidieron que permanezcan en prisión otros dos años, al considerar que hay un riesgo cierto de que escapen ante la cercanía del juicio y las penas solicitadas, 25 años de prisión por asesinato. El tribunal tomará una decisión en breve plazo.