La ganadería de leche asturiana, con 1.800 profesionales que producen alrededor del ocho por ciento de la leche española, se verá abocada a un tijeretazo en las ayudas de la Política Agrícola Comunitaria (PAC) en función de la aplicación de los nuevos criterios de convergencia anunciados por el Ministerio de Agricultura para 2021 y 2022.
En el sector de la carne algunos ganaderos pueden incluso aumentar los importes de las ayudas, aunque no de forma sustancial. En cualquier caso, el incremento de las subvenciones en el sector no compensará las pérdidas que se esperan en la leche.
La disminución de los importes, que debe calcularse de forma individual, ganadero a ganadero, se basa en los recortes que se harán sobre el valor de los derechos históricos que se emplearon en su día para determinar los importes de las ayudas.
Los ganaderos de leche de las zonas de costa, ubicados de forma predominante en el occidente y centro de la región, poseían menos hectáreas para el cálculo de las ayudas, pero, a cambio, sus derechos tienen mayor valor en función de los baremos efectuados cuando entró en vigor el periodo de la PAC que ahora culmina, y que en 2022 dará paso a la reforma finalizada en 2020. Un derecho de ayuda equivale a una hectárea, pero el valor de esa hectárea no es el mismo en un concejo u otro. Para el cálculo de los importes España se dividió en 50 regiones agronómicas, que no se corresponden con las regiones naturales. Por eso se da el caso de que un ganadero asturiano puede estar englobado en varias regiones agronómicas diferentes en función de donde tenga sus terrenos.
Para establecer el monto de las ayudas también se tuvieron en consideración factores como la cuota láctea que obraba en poder de los ganaderos antes de su abolición. Con todos esos elementos se hizo una media, que dio como resultado el valor de la ayuda por hectárea en cada una de las regiones.
El Consejo de Ministros aprobó el real decreto que da continuidad a las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) para el periodo transitorio 2021 y 2022, antes de que el 1 de enero de 2023 entren en vigor las nuevas reglas de la PAC en la Unión Europea.
El documento, que incluye algunas “adaptaciones necesarias”, como las ha calificado el Ministerio de Agricultura, “para garantizar una transición fluida y gradual entre un periodo y otro”, se ha ganado las críticas de las comunidades gobernadas por el PP, entre ellas Galicia y Andalucía. La semana pasada emitieron un comunicado en el que dicen que el Gobierno ha modificado los criterios de convergencia del valor de derechos del pago básico en solo dos años sin haberlo consultado con los responsables políticos y las organizaciones agrarias.
El régimen que rige ese pago, que se abona según el método de derechos agrupados en cincuenta regiones diferentes, es una de esas “modificaciones necesarias” a las que alude el Ministerio. El objetivo es lograr la convergencia paulatina del valor de todos los derechos de cada región hacia su valor medio regional, según explicó el secretario del Ministerio, Fernando Miranda. La idea que subyace en los cambios es que dos agricultores que realizan una actividad igual en la misma región reciban la misma cuantía de pago básico, que es la principal ayuda a la renta de los productores y que en Asturias deja cada año 64 millones de euros, que benefician a más de 9.000 perceptores.
Este mecanismo de convergencia, añade Agricultura, se basa en lo recomendado en el reglamento transitorio y es continuación de la convergencia que se inició en 2015 y que el Ministerio ha propuesto que concluya en el periodo 2023-27, respondiendo así a las necesidades detectadas en los análisis realizados en los dos últimos años en relación con este régimen de ayudas. En una comunicación realizada el pasado diciembre, la Comisión Europea recomienda a España que progrese en esa convergencia para que exista una distribución más equitativa de las ayudas, como indica el considerando 33 del reglamento transitorio, y no exista una discriminación basada en referencias históricas establecidas hace más de quince años.
Mercedes Cruzado, secretaria general de la organización agraria COAG, reconoció ayer la preocupación que reina en el campo por la posible pérdida de ayudas, en un momento especialmente duro para los ganaderos. “Parece que todo lo negativo se junta a la vez, lo único que hacemos es trabajar para obtener cada vez menos rentabilidad”, indica la ganadera de Grandas de Salime. Para la entrada en vigor de la nueva PAC también será clave la definición final de “agricultor en activo”, que determinará el perfil de quienes tendrán derecho a recibir ayudas.
