Dieciocho años después Galicia se ha salido con la suya. La autopista de peaje AP-9, que cruza de norte a sur la comunidad vecina, desde Ferrol hasta Tui, dejará en unas semanas de ser gestionada por el Estado y pasará a ser de titularidad autonómica. Se abre así la puerta a una sustancial rebaja del peaje (todos los partidos políticos gallegos consideran las tarifas actuales “desorbitadas”), e incluso a un posible rescate para convertirla en una vía gratuita. Mientras, el Gobierno asturiano siempre ha descartado asumir la autopista del Huerna y tampoco ha dado paso alguno en busca de un posible rescate escudándose, en sintonía con el Ministerio de Transportes, en que sería económicamente inasumible, pues supondría un desembolso de unos 1.600 millones de euros, según los cálculos de la adjudicataria, Aucalsa. Asturias continúa de este modo con la segunda autopista de peaje más cara por kilómetro de España. Con la particularidad de que la más onerosa es la que une Villalba y Adanero (AP-6), precisamente en la ruta de Asturias a Madrid.
La propuesta de traspaso de la AP-9, realizada por la Xunta de Galicia en varias ocasiones, la primera de ellas en 2003, ha sido por fin aprobada por el Congreso de los Diputados con el único voto en contra de Vox. La rebaja del peaje en la AP-9 se da por segura en Galicia, ya que el Gobierno de Alberto Núñez Feijoó así lo ha prometido. En cuanto a un posible rescate, parece más lejano, porque obligaría a indemnizar a la concesionaria con una cantidad que se situaría en torno a los 1.500 millones de euros, según las previsiones más optimistas.
La AP-9 ha seguido hasta ahora un camino muy parecido al de la autopista del Huerna, pues la concesión debió concluir el 19 de agosto de 2013, pero en 2000, con el argumento de que era necesario para concluir el ramal hasta Ferrol, el Gobierno central acordó con Audasa ampliar en 35 años más la duración, por lo que dejará de ser de pago el día 19 de agosto de 2048. Del mismo modo, la concesión de la autopista del Huerna iba a concluir el 11 de agosto de este año, pero también en el 2000 el Gobierno de Aznar la amplió otros 39 años más, hasta 2050. La ampliación del peaje de la AP-66 sirvió también para la construcción del tramo Fene-Ferrol y para la supresión del peaje entre Rande y Puxeiros, cerca de Vigo; ambos, precisamente, en la AP-9.
En la actualidad, el tramo de peaje más caro de las autopistas de titularidad estatal es el Villalba-Adanero, con 0,1866 euros por kilómetro. En segundo lugar se sitúa León-Campomanes, con 0,1753 euros por kilómetro. El peaje de la AP-9 supone un desembolso de 0,1253 euros por kilómetro.
Por otro lado, el próximo 1 de septiembre serán rescatados por el Estado y dejarán de ser de peaje los tramos Montmeló-La Jonquera, Barcelona-Tarragona y Montmeló-Papiol, en la AP-7 ,y Zaragoza-Mediterráneo, en la AP-2. Suman entre todos ellos 769 kilómetros.
Vencimientos próximos de peajes en España
- 31 de agosto de 2018. Ese día dejarán de ser de peaje los tramos de Montmeló a La Jonquera, de Barcelona a Tarragona y de Montmeló a Papiol, en la AP-7. También el Zaragoza-Mediterráneo en la AP2, y dos tramos gestionados por la Generalitat de Cataluña, Barcelona-Lloret de Mar (C-32) y Barcelona-Montmeló (C-33).
- 11 de noviembre de 2026. El siguiente vencimiento de una concesión será el que afecte al tramo Bilbao-Zaragoza, en la AP-68, lo que dejará libres de peaje otros 294 kilómetros de la red estatal de autopistas.
- 30 de enero de 2029. Dejará de ser de peaje el tramo Villalba-Adanero, en la ruta de Asturias a Madrid.
El Gobierno estrena 54 kilómetros de nuevas vías en el Levante mientras Galicia y Asturias siguen esperando
La apertura del tramo de alta velocidad Monforte del Cid-Orihuela, de 54 kilómetros de longitud, situada en Alicante, en el corredor ferroviario mediterráneo, no ha sentado nada bien a los empresarios del Noroeste, que critican las “preferencias” del Gobierno por el Levante español. Porque el Noroeste, mientras tanto, sigue sin AVE, y sin conocer qué proyectos ferroviarios estatales competirán para obtener fondos europeos e impulsar la modernización de unas líneas en su mayoría obsoletas.
A la inauguración del tramo alicantino asistieron el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, quienes refrendaron su compromiso con el corredor ferroviario que comunica todo el levante, desde Andalucía hasta la frontera francesa.
Ábalos destacó que desde que es ministro la longitud del corredor mediterráneo se ha incrementado en 223 kilómetros. En el corredor Atlántico, por el contrario, no se ha inaugurado ni un metro.
El Ministro subrayó que los presupuestos del Estado recogen “casi 2.000 millones” para el corredor mediterráneo y que la “apuesta” del Gobierno central por ese corredor es “inequívoca” y está “basada en hechos”. “Hemos aumentado la longitud del corredor mediterráneo en 233 kilómetros y puesto en servicio el AVE a Granada, el tramo Alcudia-Moixent y la variante de Vandellós-Tarragona; ahora, con la puesta en servicio de este tramo, además de mejorar radicalmente las conexiones alicantinas, ponemos en valor la primera parte del trazado de la alta velocidad a Murcia”, señaló.
Galicia y Asturias, mientras tanto, siguen esperando la llegada del AVE desde hace más de 15 años. Los últimos anuncios de Transportes referidos a Galicia son que este año entrará en servicio el tramo Zamora-Pedralba de la Pradería, y el que viene comenzará la fase de pruebas del que une esta última localidad con Orense. En cuanto al AVE a Asturias, el Ministerio se ha comprometido a acabar este año las obras de la variante de Pajares y a iniciar en el segundo semestre la circulación en pruebas.
El Gobierno central no ha presentado aún sus planes ferroviarios para el Noroeste y los gobiernos de Galicia, Asturias y Castilla y León acaban de encargar la elaboración de la estrategia conjunta en la que se definirán esas actuaciones, respaldadas por empresarios, sindicatos y partidos políticos, que reclaman mayos agilidad en las tramitaciones y critican con dureza el retraso acumulado, que podría provocar la perdida de ayudas comunitarias.
