El candidato a rector Ignacio Villaverde Menéndez defiende un control previo “limitado” del Consejo Social para que la Universidad de Oviedo no se vea “ralentizada” como hasta ahora. El constitucionalista ve “absolutamente indispensable” la intervención del órgano que articula la participación e interrelación entre la sociedad asturiana y la institución académica, pero cree que hay que limitarla.
“Nosotros defendemos una intervención a posteriori y otra previa limitada. Ahora mismo se controla previamente toda la actividad económica de la Universidad y eso lo ralentiza mucho, porque el servicio de Intervención –por el reducido número de integrantes– no tiene capacidad en tiempo para tanto volumen. Lo que proponemos, por tanto, es que se hagan muestreos de forma aleatoria de los movimientos económicos de la Universidad”, explica.
En este asunto Villaverde coincide en parte con su rival en las urnas, Santiago García Granda. El químico defendió en una entrevista a LA NUEVA ESPAÑA que era “muy urgente cambiar la ley del Consejo Social”, pues “somos unas de las pocas universidades que tenemos intervención previa”. “Eso significa –detalló– que no podemos mover un dedo sin que nos fiscalicen y eso es un gran inconveniente. Estamos amordazados. Lo lógico sería tener una intervención a posteriori”. Villaverde no rechaza el control previo, pero sí que aboga por que sea “limitado”. “Queremos la misma intervención que tiene el Principado y las administración locales”, precisa.
El constitucionalista reconoce que Intervención “cumple un papel antipático, porque es quien te ponen los peros”. No obstante, agrega, “hay que verlo desde la perspectiva de la seguridad que nos da como administración pública”. “Al final, estamos gastando dinero público, en este caso el dinero que nos dan asturianos, y debemos rendir cuentas y ofrecer garantías de que lo hacemos bien. Y una de las mayores garantías es contar con un servicio de intervención”, reflexiona el candidato a rector. Por tanto, “decir que no se quiere intervención, es decir: ‘que me dejen hacer lo que me dé la gana’, y eso es inaceptable”, agrega. Ahora bien, puntualiza el constitucionalista, “la intervención debe tener muy en cuenta las peculiaridades de la administración universitaria”. “La forma de fiscalizar tiene que ser muy sensible a esas singularidades. Y eso se resuelve con planes de fiscalización acordados entre Intervención y el equipo rectoral”, concluye.
