La defensa de Riopedre estalla: “Es un agravio total que a Otero sí la dejen salir de prisión”

Las condenas en el “caso Marea” fueron revisadas por el Tribunal Supremo, que mantuvo los nueve años de prisión para la exfuncionaria Marta Renedo, redujo la de Iglesias Riopedre de seis a cinco años y dos meses, y la de María Jesús Otero de nueve años y seis meses a cinco años y cinco meses. El empresario Víctor Manuel Muñiz, propietario de Igrafo, vio rebajada su pena de cárcel de seis años y medio a cinco años y dos meses, mientras que el más beneficiado por la reducción de condena fue el empresario Alfonso Carlos Sánchez, propietario de Almacenes Pumarín, quien pasó de ser condenado a seis años y medio a los dos años y ocho meses de prisión impuestos por el Supremo. Este empresario fue sentenciado posteriormente por otras causas hasta sumar ocho años de cárcel.

Marta Renedo, durante el juicio del año pasado.

María Jesús Otero, representada por la letrada Ana María Muñiz, ingresó el 7 de octubre de 2019 en la prisión de Zaballa (Álava), la misma que escogió y en la que continúa Marta Renedo. La Junta de Tratamiento propuso por unanimidad la solicitud de concesión del tercer grado penitenciario para Otero, de 76 años, teniendo en cuenta que había cumplido la cuarta parte de la condena, que tiene una enfermedad cardiaca grave, y que tiene a su cargo a un familiar que padece también una enfermedad grave. Además, sus bienes están embargados y no se le apreció capacidad de reincidir en el delito. Instituciones Penitenciarias dio su visto bueno, y el Fiscal de Vigilancia Penitenciaria no recurrió, con lo que María Jesús Otero cumplirá el resto de su condena en semilibertad y controlada mediante una pulsera telemática que permite a las fuerzas de seguridad controlar sus movimientos.

Su situación es exactamente la contraria a la del que fuera su jefe. En el caso de José Luis Iglesias Riopedre, de 86 años, es la Fiscalía la que rechaza su salida de prisión, pese a que su precario estado de salud por graves afecciones cardiacas y otras patologías ya ha provocado varios traslados al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) desde la cárcel asturiana. El Ministerio Público entiende que el tratamiento que tiene que seguir lo puede hacer en la enfermería de la prisión igual que lo haría en su casa.

María Jesús Otero.

Además, señalaba en uno de sus informes, la salida de la cárcel del exconsejero dejaría sin efecto el fin último de la pena, la reinserción social del penado, y sería “desmoralizador” para el conjunto de la sociedad el hecho de que, al no haberse cumplido ni la cuarta parte de la condena, el comportamiento del condenado quedara sin el correspondiente castigo.

La abogada de Iglesias Riopedre, Anabel Prieto, denunció ayer que la Fiscalía solicitó un nuevo informe del médico forense “y estamos esperando a que le vean desde el 21 de diciembre”, y añadió que su representado no tiene responsabilidad civil, como sí la tiene por sentencia María Jesús Otero.

“Es un agravio total hacia mi representado”, aseguró la letrada, quien añadió que, si María José Otero “tiene una enfermedad grave e incurable, no está en condiciones de cuidar a nadie, es incompatible”. En opinión de la abogada, “es vergonzosa la inquina” con la que se trata a José Luis Iglesias Riopedre, “cuando hay informes médicos que exponen claramente que sufre una enfermedad grave e incurable”.

Otro caso reciente que ha suscitado polémica es la suspensión de la orden de prisión contra el exlíder sindical José Ángel Fernández Villa. Según el informe de Fiscalía, la única diferencia con Iglesias Riopedre es la demencia que padece el exsindicalista y político.