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La hostelería asturiana sopesa llevar al juez los cierres tras la anulación en el País Vasco

La patronal Otea se plantea impugnar las limitaciones en 19 concejos ante el auto que no ve demostrado que los locales sean foco de contagio

Los hosteleros protestan porque están pagando "los platos rotos" de la pandemia

Los hosteleros protestan porque están pagando "los platos rotos" de la pandemia

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Los hosteleros protestan porque están pagando "los platos rotos" de la pandemia Marián Martínez

La hostelería asturiana estudia seguir los pasos del sector en el País Vasco tras publicarse ayer un auto del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que permite abrir a los bares y restaurantes de la “zona roja” –lo que aquí serían los 19 municipios del sistema “4 Plus”– incluso con el 50 por ciento del aforo en el interior de los locales. La razón, según el auto judicial, es que no hay ninguna prueba científica de que estos negocios sean foco de contagios. Es más, asegura que el 80 por ciento de los contagios que se registraron tras la Navidad correspondieron a “encuentros familiares y de amigos”. La resolución judicial es recurrible en el plazo de cinco días.

“Nos da la razón y reafirma lo que nosotros llevamos diciendo desde hace meses”, aseguró ayer José Luis Álvarez Almeida, presidente la patronal de la hostelería y el turismo Otea, tras una videoconferencia de Hostelería de España en la que participaron los responsables de estos colectivos en el conjunto del país. El comité ejecutivo de Otea celebrará esta mañana un consejo urgente y extraordinario para sopesar si recurre también judicialmente los cierres impuestos por el Ejecutivo de Adrián Barbón.

Las asociaciones del País Vasco presentaron un recurso solicitando medidas cautelarísimas contra los cierres impuestos por el Ejecutivo de Íñigo Urkullu en los municipios con una incidencia superior a 500 casos por cada 100.000 habitantes. Los colectivos hosteleros alegaban los daños económicos irreparables provocados, así como que se vulneraba el principio de proporcionalidad, al no encontrarse justificada la medida, y el principio de seguridad jurídica porque no se establece duración del cierre.

Los hosteleros solicitaban la apertura de sus locales respetando las medidas de seguridad para evitar la transmisión del virus: servicio de terraza; 50 por ciento de aforo en el interior; distancia de al menos metro y medio entre personas sentadas en mesas diferentes, cuatro personas como máximo por mesa –sin que se puedan unir mesas–, y la prohibición del consumo en barra o de pie. Asimismo, plantean el cierre de los locales a las 20.00 horas, pudiendo entregar pedidos hasta las 21.00 horas y el reparto a domicilio hasta las 22.00 horas. Muy similares a las medidas generales de Asturias.

El auto judicial afirma que “resulta muy difícil la reparación ante la realidad del cierre definitivo de un número no desdeñable de negocios, de forma tal que una posible indemnización futura, de producirse, no restablecería la situación fáctica actual”.

Según un informe del Ministerio de Sanidad, solo el 2,3 por ciento de los contagios han tenido su foco en establecimientos hosteleros. La misma tasa que en los hospitales. El auto judicial indica que, según el Gobierno vasco, la escalada de contagios en esa comunidad se inició a partir del 27 de diciembre, y que, para esa fecha, “con importantes limitaciones”, la hostelería llevaba 15 días abierta, superando los 10 días de aislamiento que se exige para positivos y contactos positivos, y los 14 días de incidencia acumulada, sin que se elevase lo más mínimo. “No aparece con claridad la influencia de la apertura de los establecimientos hosteleros en el elevado nivel de incidencia del virus tras la celebración de la Navidad”, concluye el auto judicial. Y añade que “la apertura de la actividad hostelera, con condiciones, no aparece en este momento como un elemento de riesgo cierto y grave para la salud pública”.

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