El juicio por prevaricación contra los exconcejales socialistas de Deportes en el ayuntamiento de Llanes José Manuel Herrero y Emilio Carrera ha quedado visto para sentencia esta mañana en el Juzgado de lo penal número 1 de Oviedo. El fiscal, que mantiene nueve años de inhabilitación para los exediles por haber contratado de forma ilegal al servicio médico del polideportivo, hasta el año 2016, llegó a decir en su informe final que los dos "gestionaban a su libre voluntad como si fuese un cortijo". Para el fiscal, los acusados impidieron que pudiesen concurrir al servicio otros profesionales, al adjudicar a dedo los contratos durante años y pagarlo como si se tratase de contratos menores, fraccionando las cantidades. El ministerio público levantó la acusación respecto de un tercer acusado, Luis Arturo Ruiz Capillas, excoordinador de Deportes, al entender que no tenía capacidad de contratación. La abogada del ayuntamiento, Alejandra Gutiérrez Sustacha, indicó que "resultaba evidente que una contratación verbal, a dedo, sine die y que podía haber terminado en una reclamación laboral, no podía ser legal", pero en el caso de los exconcejales, "deberían haber conocido las normas mínimas de contratación". Durante el juicio, que se viene desarrollando en las última semanas, se llegó a decir que este tipo de contrataciones era algo habitual en el Ayuntamiento de Llanes durante una determinada época. El fiscal recordó que hay pendiente un juicio por asuntos similares en la concejalía de Servicios Sociales. "Que fuese habitual no puede legitimar esta ilegalidad", añadió la letrada del ayuntamiento.

La defensa de los dos exconcejales, a cargo de la letrada Beatriz Álvarez Murias, basó buena parte de su argumentario no solo en el desconocimiento de la ilegalidad por parte de los concejales, sino en la vendetta política que mantiene el actual alcalde, Enrique Riestra (VecinosxLlanes), con los miembros de los anteriores gobiernos socialistas, y especialmente con Herrero y Carrera, a quienes ha llevado a los tribunales varias veces. "Carrera es el único concejal al que Riestra ha prohibido que se le paguen las dietas", dijo la abogada. En primer lugar, la letrada llamó la atención sobre el hecho de que las irregularidades (que no delitos penales) se iniciaron en 2003, cuando había otra concejal (Echevarría) y otro alcalde, Antonio Trevín. "Cuando Herrero llegó a la concejalía se encuentra el servicio montado, estaba en una situación de error invencible, tenía que dar por hecho que los contratos eran legales, no podía poner en duda algo venía de la época de Trevín", añadió. Lo mismo Carrera, del que se supone que "tenía que hacer de policía fiscal y cuestionar lo que había hecho sus compañeros". "Si se ha hecho una irregularidad, se subsana o se va a la jurisdicción contenciosa, no tiene por qué abrirse un procedimiento penal, no se puede judicializar cualquier irregularidad. En un ayuntamiento con altísimos funcionarios, tienen que ser los políticos los que se enteren de las ilegalidades", argumentó. Y apeló a la "clase de políticos" que son Carrera y Herrero: uno dueño de una empresa que vive de alquiler y se está pagando el coche, y el otro un maestro que se bajó el sueldo al llegar a la concejalía, políticos que han vuelto a sus profesiones y no se han enriquecido, dijo la letrada. En cambio, "los concejales actuales de Llanes son políticos profesionales, han pasado del paro a cobrar 34.000 euros en el ayuntamiento, solo comen de la política", añadió.

Antes de la conclusión del juicio, se dio la palabra a los dos exconcejales. Solo habló Herrero, casi en representación de ambos: "Cuando en 2007 se me llamó para ser concejal y dejé mi trabajo de maestro en Gijón, nunca pensé que catorce años después estaría en esta situación. Me han denunciado siete veces y en seis se me ha absuelto. Nadie me informó de nada en los casos que me están pasando factura, nadie nos dijo cómo había que hacer las cosas, nadie nos formó, hicimos las cosas como se venían haciendo, con la mejor intención. La propia concejala que nos denunció, Marisa Elviro, tuvo contratado el servicio médico durante más de medio año. Si la esposa del médico deportivo no se llega a poner enferma y éste decide dejar el puesto, se seguiría con la misma dinámica y no nos hubiésemos enterado de que las contrataciones eran ilegales. Se lo digo con el corazón, señor juez: no quisimos perjudicar al ayuntamiento, ni beneficiar a los contratados ni beneficiarnos a nosotros mismos. Es injusto que estemos en esta situación".