La Delegación del Gobierno en Asturias ha notificado unas 4.000 sanciones por incumplimientos de las restricciones asociadas a la contención de la pandemia. El recuento que esta mañana hizo la titular del departamento, Delia Losa, tiene una singularidad interna motivada por las sentencias judiciales que desde el pasado otoño consideran que las simples infracciones de la normativa en las que no medie resistencia a la autoridad –no llevar la mascarilla o saltarse un confinamiento– son competencia de la Consejería de Salud. La Delegación del Gobierno cuenta 4.000 comunicadas desde marzo sabiendo que de octubre o noviembre en adelante sólo se ocupa de la que incurran en incumplimientos de la Ley de Seguridad.

Delia Losa, que esta mañana participó en el despliegue que todos los delegados del Gobierno españoles han hecho hoy al unísono en balances territorializados del primer año del Ejecutivo de coalición, garantizó además que las sanciones por los incumplimientos “van a llegar” aunque los procedimientos sancionadores sean “garantistas” y en algunos casos largos. “Uno es implacable dentro del margen de la ley”, resaltó, y la harán cumplir aunque los trámites lleven meses. La Delegada ha incidido también en la importancia de la sensibilización colectiva en una circunstancia en la que a veces “hablamos de muertos como de números de la lotería”.

Losa ha incluido esta reflexión en su balance de la parte asturiana del informe “Cumpliendo”, que Pedro Sánchez presentó en su dimensión nacional el pasado 29 de diciembre. Festejó los 298,7 millones que Asturias ha recibido de los 16.000 del fondo no reembolsable de compensación de gastos por la pandemia, los 76.729 asturianos beneficiados por los ERTE, con un importe total de 191,4 millones de euros, o los 114,2 millones invertidos en prestaciones extraordinarias para trabajadores autónomos. Cifró además en 12.553 las personas que han recibido el ingreso mínimo vital en Asturias y aseguró, sobre las que solicitaron el tránsito desde el salario social básico a través del Principado y siguen atascadas en el sistema de la Seguridad Social, que la administración del Estado trabaja para validar los datos de todos los usuarios con la garantía de que la prestación se desembolsará en todo caso con “efectos retroactivos”.

Su repaso a los cumplimientos del Gobierno con Asturias orilló el muy controvertido y rechazado estatuto de la gran industria electrointensiva, sobre el que asumió que “no ha colmado lo que esperaban las empresas asturianas”, pero aclaró que “era imprescindible dotar de un marco jurídico estable” a la regulación del precio de la energía que pagan las grandes industrias y prefirió poner el acento sobre la previsión de compensaciones por valor de 510 millones de euros para las empresas que emiten CO2. “Se espera que eso permita a las empresas equilibrar y superar esta fase de transición en la que deben hacer las modificaciones necesarias para adaptarse a las nuevas circunstancias”.

Delia Losa presumió, mientras tanto, de la adjudicación de todos los contratos pendientes para la finalización de la obra de la Variante de Pajares a tiempo de que “a finales de este año” puedan circular por los túneles los primeros trenes en pruebas y de que la infraestructura esté plenamente operativa para convoyes de pasajeros y mercancías cuando está previsto, en 2022.