El Principado planea limitar el teletrabajo de sus empleados públicos a un máximo de dos días a la semana. Esta es la propuesta que discutirá hoy en la mesa de negociación con los sindicatos de la Función Pública. La intención de la Consejería de Administración Autonómica, que dirige Juan Cofiño, es que la permanencia de un empleado en esa modalidad de trabajo tenga una duración de seis meses prorrogables a un año, según recoge el borrador presentado a los sindicatos.
Este documento detalla desde el baremo que se aplicará a los empleados que quieran optar por el teletrabajo hasta las condiciones y medios tecnológicos con los que deberán contar para poder trabajar desde su domicilio. Pero una de las cuestiones en las que, a priori, puede haber mayores discrepancias entre la parte social y la dirección de Función Pública es, precisamente, la de la limitación temporal, según avanzaron diversas fuentes sindicales.
El borrador del Principado establece que “la prestación de servicio mediante la modalidad de teletrabajo tendrá una duración máxima de dos días a la semana”, y detalla que el tiempo restante “se llevará a cabo en la modalidad presencial y de acuerdo con la jornada y el horario ordinario”. También aclara que la jornada diaria no podrá fraccionarse para trabajar en ambas modalidades salvo si contase con el visto bueno de la Administración por un motivo como, por ejemplo, la realización de funciones fuera del centro de trabajo habitual y que el retorno a este resultase “ineficiente”. La asignación de los días no presenciales en modalidad de teletrabajo será fijada por el responsable, a propuesta del supervisor del servicio previo acuerdo con el personal que se encuentre en esa modalidad.
La conformidad del teletrabajo deberá contar con una resolución de autorización “que será de seis meses prorrogables hasta un máximo de un año” y en la que se especificará “la parte de la jornada semanal a realizar en la modalidad de teletrabajo”, así como la identificación de la persona que ejercerá la supervisión por parte de la Administración.
El borrador del Principado también determina los criterios para definir el orden de acceso al teletrabajo ante la posibilidad de que en un mismo servicio o unidad haya varios trabajadores o empleados interesados en acogerse a esta nueva modalidad. Tendrán prioridad el personal que deba conciliar la vida familiar con la laboral o el que tenga problemas de salud. Contarán con la máxima puntuación, por ejemplo, las empleadas públicas que hayan sido víctimas de violencia de género (5 puntos), mientras que quienes tengan a su cargo hijos con discapacidad tendrán entre 4 y 2 puntos, en función del grado de esta. Por cada hijo menor de 12 años se darán: un punto para niños de 6 a 12 años; dos puntos para niños desde 3 hasta 6 años; tres puntos para niños de 1 a 3 años, y cuatro para niños de hasta 1 año. Las familias monoparentales contarán con dos puntos en este baremo.
Los motivos de salud que darán prioridad para acceder al teletrabajo serán los siguientes: el funcionario con una discapacidad reconocida superior al 45% tendrá cuatro puntos, mientras que si tiene una discapacidad entre el 33% y el 45% contará con dos puntos. El personal con tratamientos de larga duración o reincorporación tras bajas prolongadas tendrá tres puntos, previo informe médico y valoración del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, mientras que quien tenga un problema de salud que dificulte su movilidad, temporal o permanente, contará con dos puntos. Las mujeres embarazadas tendrán dos puntos, al igual que los empleados del Principado mayores de 60 años.
