El Principado anuncia que invertirá 10 millones de euros, que recibirá del Estado, para promover el reciclaje de los biorresiduos, es decir, de la fracción orgánica de las basuras y de los restos de podas y otros desperdicios vegetales y animales. Juan Cofiño, vicepresidente y consejero de Administración Autonómica, Medio Ambiente y Cambio Climático, concretó durante la jornada virtual sobre gestión de los biorresiduos, organizada por Cogersa, que de ese montante van a destinar cinco millones a ayudas dirigidas a los ayuntamientos durante el próximo lustro para implementar o mejorar la recogida separada de biorresiduos. Los otros cinco millones se invertirán en la planta de biometanización de Cogersa.

Los retos en la gestión de residuos son ambiciosos y las metas, por ahora, no se están cumpliendo. “Nuestro objetivo era llegar a las 60.000 toneladas y estamos en 8.000, muy lejos de conseguirlo”, lamenta Cofiño. El consejero recordó que la nueva ley estatal, aún pendiente de aprobación, obligará a las entidades locales de más de 5.000 habitantes a disponer de recogida selectiva de la basura doméstica antes del 31 de diciembre de este año y, para el resto, el último día del año 2023. “Esto se traduce en que la primera fase obligatoria afectará a los 29 concejos con más población, que suman 940.000 habitantes”.

En la jornada virtual también participó la subdirectora de Economía Circular del Ministerio para la Transición Ecológica, Margarita Ruiz Saiz-Aja, quien concretó las metas que deben alcanzar los ayuntamientos y anticipó que la inversión del ministerio para financiar medidas que incidan en el reciclaje será de unos 500 millones este año y prevé que otros tanto en 2022. Paz Orviz, gerente de Cogersa, comentó que la recogida selectiva “tiene que ser un traje a medida para cada ayuntamiento” y avanzó que “Cogersa ya cuenta con instalaciones para que los ayuntamientos asturianos se lancen a separar residuos”.

Carlos Pérez Losada, director técnico de la Diputación de Pontevedra, comentó el modelo de gestión en la provincia gallega, donde pretenden que el grueso de los residuos orgánicos no lleguen siquiera a ser residuos. “Nos planteamos tratar los redisuos in situ, con baja tecnología y a pequeña escala, teniendo en cuenta que la densidad de población en Pontevedra es muy dispersa. Así, se lograría reducir costes de transporte y tratamiento de los residuos”. Esto es precisamente lo que persiguen desde el Principado, incentivando campañas de compostaje doméstico, para tratar de abaratar costes. Otras fórmulas que prevén aplicar en Galicia es el cobro del recibo por este concepto penalizando a los que no reciclen y beneficiando a los que sí lo hagan.