Habrá cambios sustantivos en el plan rector de uso y gestión (PRUG) del parque nacional de los Picos de Europa. Dejará de ser un texto que imponga limitaciones taxativas y reconocerá “todas las actividades que son posibles en el parque y que sean compatibles con los valores ambientales”. Por eso se eliminará la prohibición estricta que, en su redacción actual, impide construir un tren de cremallera de Covadonga a los Lagos. “Si se hace un tren de cremallera o no será porque se considere de interés general y porque supere los trámites medioambientales preceptivos, no será por la limitación que supone un plan de uso y gestión”, señaló Calvo.
Los planes del Principado, compartidos por Cantabria y Castilla y León, pasan porque que el PRUG deje de ser “un elemento de confrontación y un arma arrojadiza” y evitar que se “politice”. Los tres gobiernos autonómicos entienden que el PRUG no es una normativa ambiental general, sino “un instrumento de gestión ordinaria”, que por lo tanto debe permitir “más autorizaciones extraordinarias, también las que tienen que ver con el desarrollo futuro de infraestructuras”. La conservación ambiental estará asegurada, según Calvo, porque cualquier actuación tendrá que superar trámites ambientales “de rango mayor que el plan rector y muy garantistas”. “Nuestra posición es que ese documento es técnico y tiene que servir para salvaguardar los valores del parque, pero uno de esos valores es que haya desarrollo económico y actividad para la gente que vive allí”, subrayó Calvo.
Sobre la posibilidad de impulsar el tren de cremallera entre Covadonga y Buferrera, que defiende el Ayuntamiento y los empresarios de Cangas de Onís, Calvo fue muy claro: “Está abierta la posibilidad”. Apuntó que las alegaciones presentadas para prohibir el tren de cremallera, aceptadas por los rectores del Parque, buscaban “interferir en el debate” y pueden ser ahora revocadas. “Hay alegaciones que consideraban necesario incluir de manera explícita prohibiciones taxativas. Nosotros defendemos que las prohibiciones tienen que ser con carácter general, pero puede ser autorizable de manera extraordinaria en determinadas condiciones, como lo vamos a hacer para la Travesera”, explicó Calvo.
“Hay una consideración general, que además viene de Parques Nacionales, que señala que con carácter general se prohíbe el desarrollo de ciertas infraestructuras que tienen un carácter muy invasivo sobre el medio ambiente, pero eso no significa que cuando, por ejemplo, haya una infraestructura que se considere de interés general y que supere los trámites medioambientales preceptivos, pueda desarrollarse”, matizó el Consejero. “Con lo que si se hace o no se hace un tren de cremallera no será por la limitación que supone un plan de uso”, añadió.
“Está muy bien, porque lo recoge la Ley de Parques Nacionales, que se impida desarrollar nuevas infraestructuras con carácter general, pero también que se puedan desarrollar si se consideran de interés general, porque hay un procedimiento muy garantista de los valores ambientales”, indicó Calvo, que subrayó que la decisión que se adopte finalmente sobre el tren de cremallera “no va a depender del plan rector, sino de que el interés general decida si esa es o no la solución más adecuada, y que supere los trámites ambientales”.
Según Calvo, las prohibiciones taxativas, “lejos de aportar, lo que hacen es acentuar el enfrentamiento entre los valores del parque y las posibilidades de desarrollo medioambiental”, dos aspectos cuyo equilibrio es “el principal objetivo que tenemos como gestores”.
Lo que ocurra finalmente con la propuesta de construir un acceso ferroviario a los Lagos tendrá que surgir, dijo Calvo, “del debate que se está haciendo y de un estudio detallado de cuáles son las distintas posibilidades”. Hay distintos factores que determinarán lo que ocurra: “El medioambiental es uno, pero están también el presupuestario, la relación coste-beneficio…” Al Consejero, más que el tren a los Lagos, le preocupa “que se visualicen los instrumentos de gestión del Parque como una limitación al desarrollo de la comarca y como un inconveniente para que los ciudadanos desarrollen allí su vida”.
En cuanto a cuándo entrará en vigor el PRUG, Calvo detalló que el documento tiene que llegar en el primer semestre de este año a Parques Nacionales, organismo al que corresponde la valoración inicial. Después volverá a las tres comunidades autónomas de los Picos de Europa, para que lo tramiten en sus respectivos ámbitos administrativos. Tendrán entonces que incluirse las consideraciones de las distintas consejerías y de los consejos consultivos. Con todo ello, “el objetivo de final de año podría ser razonable”, estimó Calvo.
