El Noroeste se arma jurídicamente para tratar de paralizar la protección integral al lobo ibérico que persigue el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, con Teresa Ribera al frente. Las organizaciones agrarias ASAJA y COAG se unieron en la presentación de alegaciones, en las que opinan que la decisión ministerial “lo único que provocará es la extinción de las ganaderías y con ello de una fuente de riqueza y poblamiento de las zonas rurales”. “Resulta a nuestro entender absurdo que un Ministerio que gestiona el reto demográfico adopte medidas encaminadas al despoblamiento rural. Esto solo demuestra un despropósito y pone de manifiesto una vez más la absoluta ignorancia de nuestros legisladores que dictan normas desde sus despachos sin tener en cuenta a los interlocutores afectados y sin preocuparse de conocer la situación real del sector al que dirigen la norma”, sostienen.
ASAJA y COAG muestran su total oposición “a que las ayudas PAC se utilicen para pagar los ataques producidos por el lobo, no queremos indemnizaciones de las Administraciones Públicas por daños de lobo; queremos vivir de nuestro trabajo, del producto que cuidamos y mimamos. Hasta ahora, las indemnizaciones que percibimos son irrisorias y la mayor parte de las veces la administración ni siquiera reconoce que el lobo haya atacado a nuestro ganado y los daños no se indemnizan. Finalmente, el seguro que nos compensa las pérdidas por los citados daños lo costeamos nosotros”, exponen.
La Unión de campesinos asturianos, UCA, presentó por su parte cuatro alegaciones al anexo del Real Decreto 139/2011 para el desarrollo del Listado de especies silvestres en régimen de protección especial y el catálogo español de especies amenazadas. Las tres organizaciones agrarias de Asturias, a pesar de no presentar juntas las alegaciones, coinciden en el fondo de las mismas. Consideran que se trata de una decisión arbitraria, “obviando y ninguneando al sector ganadero en extensivo. En ese sentido debe este Ministerio tener en cuenta que la mayoría de las Comunidades Autónomas situadas al norte del Duero tienen planes de gestión para garantizar la viabilidad del lobo en el territorio, manteniendo una población estable de los lobos y compatibilizando su existencia con la ganadería extensiva”, explican desde ASAJA y COAG.
En el marco jurídico, explican que la Constitución señala que las autonomías tienen competencia exclusiva en materia de caza, incluyendo la regulación de la intervención administrativa, así como la vigilancia y aprovechamientos cinegéticos. También aluden a la Ley de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestre, que sanciona que el lobo solo pueda ser capturado al norte del Duero. Y aluden a varias sentencias del Tribunal Supremo que avala las alegaciones de los ganaderos asturianos.
El Principado, por su parte, presentó alegaciones ante la nueva protección del lobo, que considera “innecesaria e inoportuna”. Aluden al igual que las organizaciones ganaderas a que el dictamen del comité científico recomienda la inclusión del lobo en el Lespre “basándose en criterios subjetivos y poco formalizados” y añade que la especie no se considera que esté amenazada. En otras regiones del Noroeste la oposición es férrea. El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, tachó de “reprochable y deplorable” la política “de imposición” en relación a la protección del lobo ibérico y su incidencia sobre la ganadería. El consejero de Ganadería de Cantabria, Guillermo Blanco, advirtió que “no se va a dejar avasallar” con el lobo y acudirá a los tribunales “inmediatamente” después de que se materialice la decisión de elevar el nivel de protección de esta especie para convertirla en no cinegética en toda España.
