Cometió errores, pero no delitos. Eso es lo que defendió ayer el arquitecto de la residencia geriátrica del Montepío de la Minería en Felechosa (Aller), Manuel Sastre, en su declaración a petición propia ante la juez instructora del “caso Hulla” para explicar su participación en la construcción del edificio. Según la Fiscalía Anticorrupción, esta obra explicaría, al menos en parte, el enriquecimiento del exlíder minero José Ángel Fernández Villa, y quien fue su mano derecha en aquellos años, José Antonio Postigo. También ayer se conoció que el exalcalde de Aller Gabriel Pérez Villalta ha sido citado a declarar el 14 de mayo como imputado por un presunto delito de prevaricación.
Manuel Sastre declaró durante unas tres horas ante la titular del Juzgado de Instrucción 3 de Oviedo. Según explicó su abogado, Javier Díaz Dapena, el arquitecto de la obra solicitó dicha comparecencia porque “quería dar explicación puntual y cumplida de su participación” en la construcción de la residencia geriátrica del Montepío de la Minería. La Fiscalía Anticorrupción le acusa de participar activamente en la elaboración del concurso para la adjudicación de las obras, en lo que podría haber implicado un delito de fraude.
“Mi representado explicó que consultó las condiciones y se le aseguró que no era necesario ningún concurso. Nadie le indicó que participando estuviera cometiendo una ilegalidad”, señaló el letrado. “Explicó de manera precisa y cabal cuáles fueron sus funciones, así como unos correos electrónicos que fueron incautados”, señaló Dapena.
En el transcurso de la declaración, Manuel Sastre “admite que cometió errores, de los que se ha dado cuenta visto con la perspectiva del tiempo, e insistió en que no volvería a cometer las mismas equivocaciones porque ahora es consciente de ellas. Pero esos errores en ningún caso dieron curso a conducta delictiva alguna”, remarcó el abogado Javier Díaz Dapena.
Quien también tendrá que volver a declarar es el exalcalde de Aller, Gabriel Pérez Villalta. Está citado para el próximo 14 de mayo como investigado por un presunto delito de prevaricación.
La jueza instructora ya había rechazado la petición de la Fiscalía Anticorrupción de tomarle declaración como imputado por presuntos delitos de malversación y de prevaricación. Respecto del primero, porque habría prescrito al superar “en exceso” el plazo de 10 años desde que presuntamente se cometiera y por falta de competencia del juzgado que encabeza. Además, en el caso de Pérez Villalta, se tiene en cuenta el sobreseimiento de los hechos dictaminado por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA). Así que se le tomará declaración antes de resolver por el presunto delito de prevaricación.
