Como ya se había anunciado, el Tribunal Constitucional ha hecho pública la sentencia por la que desestima el recurso de inconstitucionalidad presentado por más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Vox contra el artículo 3 bis del Reglamento de la Junta General del Principado de Asturias de 18 de junio de 1997, introducido mediante la reforma aprobada por el Pleno de la Cámara de 1 de julio de 2020. De esta forma, avala el uso del bable en la Junta General del Principado de Asturias. La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Cándido Conde-Pumpido, señala que el precepto reglamentario impugnado no tiene como resultado la atribución de los efectos propios de la oficialidad a una lengua propia como medio normal de comunicación ante todos los poderes públicos radicados en el territorio autonómico, “sino únicamente reconoce determinados efectos en el seno de la institución parlamentaria autonómica”.

En otras palabras, el uso del bable o asturiano no se reconoce ni a la Administración autonómica, ni a los entes locales, ni a los órganos dependientes de la Administración central, porque sólo queda circunscrito al ámbito de la propia Cámara autonómica. Por tanto, el artículo 3 bis del Reglamento permite la utilización de la lengua propia tanto por los diputados en el ejercicio de sus funciones parlamentarias como por los miembros del Consejo de Gobierno, los cargos y empleados o cualquier persona que comparezca ante la Cámara autonómica. Los diputados recurrentes alegaban que el artículo 3 bis del Reglamento de la Junta General del Principado de Asturias vulneraba dos artículos de la Constitución y artículo 4 del Estatuto de Autonomía, que no reconoce el asturiano como lengua cooficial.

La sentencia razona que, “el que no se haya atribuido estatutariamente carácter oficial al bable/asturiano, no excluye la posibilidad de tutelar aquella realidad lingüística que no está amparada por el estatuto de la oficialidad lingüística mediante medidas de protección y promoción como es el reconocimiento del uso de la lengua propia ante el órgano de representación de la ciudadanía, la Junta del Principado de Asturias, foro de debate y participación en el que es especialmente adecuado que se garantice y visibilice aquella realidad lingüística plural”. En definitiva, en la medida en que el Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias “protege y ampara” el bable no hay duda de que resultan de aplicación las disposiciones de la Carta Europea de las lenguas regionales o minoritarias.

La sentencia cuenta con el voto particular de la magistrada Encarnación Roca, quien considera que el bable no es lengua oficial, porque la Constitución exige que así se establezca en el Estatuto de Autonomía del Principado y éste no le reconoce este carácter. Únicamente establece, en su artículo 4, que “gozará de protección y se promoverá su uso, difusión en los medios de comunicación y su enseñanza” y que una ley del Principado regulará su ”protección, uso y promoción”. Por tanto, “sólo el Estatuto puede convertir una lengua propia en medio normal de comunicación en y entre los poderes públicos. Y si no lo hace, el legislador no puede conferir, aunque sea de forma parcial o limitada, dicha cualidad”.

Por su parte, el magistrado Pedro González-Trevijano (que suele pasar sus vacaciones en Asturias) ha formulado un voto particular concurrente. En su opinión, se debería precisar que la posibilidad de utilizar el bable/asturiano lo es a los exclusivos efectos de abrir el uso de esa lengua en sede parlamentaria, pero sin que de dicha utilización pueda deducirse validez o efecto jurídico alguno, ni pueda derivarse en su configuración como lengua vehicular. Además, entiende que la sentencia debería haber recurrido a una interpretación conforme para asegurar el equilibrio entre la posibilidad de utilizar esta modalidad lingüística y el derecho de los parlamentarios al ejercicio de sus funciones sin obstáculo alguno derivado del desconocimiento de esta lengua.

Vox recurrió la reforma del reglamento de la Junta, que fue aprobada el 1 de julio con votos del PSOE, Podemos, IU y Foro para evitar que se reprodujeran situaciones como la que vivió la consejera de Cultura, Berta Piñán, cuando no pudo usar la llingua porque diputados de la derecha afirmaron que no la entendían. Ante esa situación, los tres grupos de la izquierda agilizaron la reforma del reglamento, que hasta ese momento autorizaba el uso del asturiano a los diputados pero no a los que no lo son, como la citada consejera. La reforma permite que cualquier persona pueda intervenir en llingua en la Cámara asturiana, sea o no parlamentario. Vox justificó su recurso en que el asturiano no es oficial.

La polémica no se hizo esperar. Rosa Díez, la expresidenta de UPyD, manifestó en redes sociales que “los niños asturianos, que ya tienen de por sí un futuro complicado en una de las regiones más deprimidas de España, van camino de que la coalición tóxica entre comunistas y socialistas les imponga la educación en bable. Esta gentuza no tiene perdón”. Unas palabras a las que replicó Adrián Barbón, el presidente del Principado: “Primero, para hablar de Asturias, hágalo desde el respeto. Segundo, para hablar de la política asturiana, infórmese: aquí no hay ninguna coalición de gobierno, aquí hay un Gobierno de la FSA-PSOE. Tercero, la Junta General fue elegida por el pueblo asturiano. Se llama democracia”.

Precisamente, el pleno del de ayer miércoles fue el primero con preguntas al Presidente desde la divulgación de la sentencia del Tribunal Constitucional que avala el uso del asturiano en la Junta. Lo celebraron en varios turnos usando la llingua los diputados de Podemos y la aprovechó Barbón para volver a la carga contra el PP, para esperar “un cambio de actitud de aquellos que negaban el asturiano e hicieron seguidismo de Vox votando en contra del uso de la llingua”.