Las abstenciones de PSOE y Vox no impidieron que la Junta General del Principado se convirtiese ayer en el primer Parlamento autonómico que emplaza a su Gobierno a regularizar los puestos ocupados por empleados públicos en régimen de “abuso de temporalidad”, interinos de larga duración que en algún caso llevan decenios encadenados a la temporalidad. La cámara avaló la proposición no de ley presentada por Podemos en defensa de un colectivo de 12.000 trabajadores que el diputado Ricardo Menéndez Salmón caracterizó como “un cuerpo paralelo de mano de obra barata que cobra salarios inferiores por los mismos trabajos y se ocupa de los desempeños que los funcionarios de carrera no desean asumir”.
La propuesta requiere del Gobierno regional las acciones necesarias ante el estatal para la paralización de los procesos de estabilización y consolidación del empleo público en las plazas ocupadas por interinos de larga duración y la regularización de estos trabajadores en sus puestos. El presidente del Principado marcó la posición del Gobierno en su respuesta a una pregunta que a este respecto ayer le planteó también ayer el portavoz de Vox, Ignacio Blanco. Adrián Barbón mandó por delante el reconocimiento del problema y la necesidad ineludible de que para resolverlo se acometa “una reforma de la legislación básica estatal”. Reafirmó su compromiso con la reducción de la temporalidad en el empleo público al ocho por ciento –la tasa actual sobrepasa el 27– y aludió a la pandemia como factor de obligado incremento de la contratación temporal de personal en sanidad y educación.
