Midiendo mucho las palabras, el Plan de Medidas del Gobierno ante el Reto Demográfico tantea con mucho cuidado el terreno minado del sistema de financiación autonómica. En mitad del debate sobre la reforma del sistema de reparto de fondos entre regiones, muchas veces aparcada y ostensiblemente pendiente, el texto recién aprobado impone condiciones que requieren del nuevo modelo en primer lugar la necesidad de “garantizar la vertebración territorial” además de “la igualdad de los españoles en el acceso a los servicios públicos esenciales independientemente del lugar donde residan”.
La redacción deja deliberadamente abiertas las interpretaciones que puedan hacer las múltiples partes de una discusión de largo recorrido y muchas sensibilidades, pero esta prioridad que se otorga a la tarea de cohesionar los territorios puede dar pie a forzar un aliento para las tesis de quienes defienden que la dispersión y el envejecimiento del medio rural sean un ingrediente esencial en el diseño del nuevo mecanismo, un asunto tan fundamental para el porvenir de Asturias que es la fuente de la que manan cerca de ocho de cada diez euros que consigna cada año el presupuesto de ingresos del Principado.
El sistema, reza el escueto párrafo que el plan del Gobierno dedica a la financiación autonómica y local, debe acoger entre sus “principios y líneas configuradoras” “aspectos tan importantes como los de la solidaridad, suficiencia, equidad, transparencia, corresponsabilidad fiscal y garantía de acceso de los ciudadanos a los servicios públicos fundamentales”. Exige además que se profundice en la “suficiencia financiera” de los ayuntamientos, “introduciendo mejoras técnicas en el actual modelo de participación en los tributos del Estado y en el sistema tributario local”.
Hasta aquí la contribución del plan demográfico estatal a una discusión que promete para los próximos meses una seria pugna, políticamente transversal, entre gobiernos autonómicos con criterios distintos sobre las tesis que deben regir el futuro mecanismo. Asturias ha alineado sus posiciones con las de un bloque de regiones del Noroeste ampliado, autonomías de adscripción política en algún caso discordante con la suya pero de posturas confluentes en cuanto a la defensa del peso considerable que ha de tener en la regla de reparto el coste singular de allegar los servicios públicos a poblaciones dispersas, envejecidas y declinantes.
La mención de la “solidaridad” en este contexto podría incluso interpretarse como directamente enlazada con la tesis sobre la “España cooperativa” que en este debate ha defendido Asturias desde los tiempos de Javier Fernández como presidente del Principado. La teoría encuentra asiento en el principio constitucional de la solidaridad entre autonomías y enfatiza las diferencias de coste que plantea la prestación de servicios en poblaciones como la asturiana frente a la de Madrid, por ejemplo. El frente opuesto –el del Levante y el Sur, con variaciones– incide en la infrafinanciación que sufren algunas de esas regiones con el modelo actual, hablando más en términos de financiación por habitante y de falta de concordancia entre las aportaciones al sistema por la vía de la recaudación tributaria y lo que cada uno saca de él. Serían, como antónimo de las “cooperativas”, las comunidades más “competitivas”.
En su última incursión pública en el asunto, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, planteó la necesidad de avanzar este año en la definición del nuevo mecanismo, asumiendo la necesidad de abordar prioritariamente el gran “caballo de batalla” del peso que en el método de cálculo ha de tener el envejecimiento. Hablaba después de un encuentro con el presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, y tras asumir que es ésta “una de las más infrafinanciadas” en el sistema vigente, cuya renovación permanece obstinadamente pendiente desde 2014.
