La descoordinación de las administraciones y la burocracia, lastres en la despoblación rural

El informe, que ha consistido en una encuesta anónima entre doscientos representantes individuales y colectivos del mundo rural de España, algunos de Asturias, ha puesto de manifiesto que dos años después de aquella alerta-protesta sobre el retroceso demográfico y envejecimiento de las zonas rurales existe una mayor asunción colectiva sobre las consecuencias que entraña el despoblamiento. El 80 por ciento de los encuestados señala como “paso más positivo” que ahora hay “una mayor presencia mediática del problema”, mientras que el 57 por ciento apunta a una mayor concienciación entre la población. Pero cerca de la mitad de los encuestados por la cátedra de Despoblación y Reto Demográfico de la entidad “Next Generation”, cuyo estudio fue presentado en el Senado este pasado lunes, concluye que la respuesta o la búsqueda de soluciones a la despoblación sigue igual o ha ido a peor en estos dos años, mientras que solo un diez por ciento cree que haya habido alguna mejora.

La encuesta también trataba de aproximarse a los motivos de que no se avance más en la lucha contra la despoblación, una cuestión que no ha entrado en la agenda política de España hasta bien entrada la segunda década del siglo XXI mientras que otros países como Escocia o Francia llevan varias décadas de iniciativas y estrategias para dar respuesta tanto el declive demográfico como la despoblación de las áreas rurales. Las respuestas a esta pregunta fueron concluyentes: casi tres cuartas partes de los encuestados, el 71%, señalaron la descoordinación entre las administraciones como “el mayor obstáculo para no avanzar más”, mientras que el 62 por ciento se quejó de la lentitud burocrática, un 51 por ciento de la falta de financiación y más del 40 por ciento de la falta de apoyo a las pequeñas y medianas empresas. Solo un 1,5 por ciento citó como traba la fuga de jóvenes. Uno de los hechos más llamativos de esta respuesta, que pone de manifiesto un reproche al entramado administrativo de España, es que una buena parte de los encuestados son políticos e instituciones como ayuntamientos y diputaciones, entre otros. Además, prácticamente tres cuartas partes de los participantes en el estudio, el 72,9 por ciento, afirmaron no estar de acuerdo con la política del Gobierno central frente al reto demográfico mientras que un 27,1 por ciento sí lo estaba. Uno de los mayores grados de coincidencia se produjo en la relevancia que se da al medio rural en la lucha contra el cambio climático, ya que el 94,6 por ciento entiende que es imprescindible tanto para la seguridad alimentaria como para la conservación de la biodiversidad y de los recursos naturales, mientras que solo un 5,4 por ciento cree que no lo es tanto y juzga prioritaria la gestión sostenible de las ciudades. En cambio, los encuestados dejaron entrever su preocupación por la pérdida de servicios en los pueblos. El 47,5 por ciento piensa que la actividad que ha experimentado un mayor retroceso en los dos últimos años en las zonas rurales es la de las entidades bancaria mientras que el 46 por ciento constata la pérdida de servicios médicos, muy por delante de escuelas, farmacias, telecomunicaciones y comercios.