En 2016, un senderista molesto con lo que le había cobrado un taxista por llevarle desde Pola de Somiedo a Valle de Lago comenzó a presentar escritos en el Ayuntamiento pidiendo que se le aclarasen cuáles eran las tarifas. El alcalde Belarmino Fernández le respondió en diferentes ocasiones que en el concejo regía la normativa autonómica. En 2017, el usuario acabó denunciando ante el Ayuntamiento al taxista que, según él, le había cobrado de más, y más tarde, la Fiscalía acusó al regidor por no haber incoado expediente alguno sobre este asunto. Este martes por la mañana se celebró la vista en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Asturias, con sede en Oviedo. El alcalde somedano se enfrenta a la friolera de tres años de cárcel y 16 años de inhabilitación por los delitos de prevaricación y falsedad.
Tras negar cualquier irregularidad, Belarmino Fernández se defendió con vehemencia: “Soy un tío honrado y ético, tengo un dolor inmenso por verme en esta situación. Llevo 33 años gestionando dinero público y siempre he seguido la máxima de que la honradez es la mejor política. Me siento despreciado y ninguneado. Esto no debería haber llegado a juicio. Se trata de un señor que no reclama cantidad alguna, que no aporta documentos, ni dice cuál fue el recorrido del taxi, ni cuándo, y en base a eso la Fiscalía me dice que debería haber abierto un expediente”.
Tras una vista que apenas llegó a una hora y media, el fiscal mantuvo su solicitud de tres años de cárcel para el regidor somedano. “No se discute si se cobró de más o de menos, sino la actitud recalcitrante del alcalde de no querer aportar datos a un ciudadano que los solicitaba”, indicó el fiscal, quien llegó a admitir que la actitud del denunciante era “quizá obstinada”. Este, añadió, “presenta una denuncia contra el taxista por incumplir las tarifas autonómicas y el alcalde no contesta, ni realiza actuaciones previas. No tiene ningún deseo de facilitar información porque quizá realmente hay unas tarifas especiales en el concejo. Cuando recibe la denuncia, la guarda en un cajón”, desgranó el ministerio público. El afectado indicó por su parte que no pretendía ir contra un taxista en concreto, sino simplemente saber qué tarifas regían, porque le había cobrado precios distintos, “con unas diferencias del 300 por ciento”.
El taxista denunciado en cuestión negó que se aplicasen unas tarifas distintas a las de la normativa autonómica. Sí admitió que, en 2017, los taxistas del concejo se reunieron y propusieron una tarifas que en la actualidad se están tramitando.
“No había nada”
El alcalde Belarmino Fernández se defendió: “Pidió información sobre el régimen de tarifas y contesté, indicando que regía la normativa autonómica. Es cierto que añadí la coletilla de ‘con la especificidad de los municipios de montaña’, pero era una forma de hablar, me refería a las áreas interurbanas”. Luego, “denunció al taxista, pero no aportó ningún tique ni factura, no presenta ningún documento, ni dice el precio, ni el trayecto, ni el día”. En esas condiciones, añadió, no podía abrir expediente alguno. Si hubiese conocido de alguna infracción en concreto, abundó, lo hubiese hecho, “pero en este caso no había nada”.
Su letrado, Carlos Álvarez, pidió la libre absolución. “No hay ninguna prueba de que se produjese un cobro irregular, y sin soporte probatorio, se trata tan solo de una imputación carente de fundamento, construida maliciosamente. Hay un absoluto erial probatorio”, sentenció. Y añadió: “Hay, por supuesto, derecho a denunciar, y la obligación de investigar por parte de la Administración, pero en este caso no había prueba alguna que llevase al Ayuntamiento a abrir un expediente por cobro irregular. No se puede dar lo que no hay”. El juicio quedó visto para sentencia.
