La sección segunda de la Audiencia Provincial ha impuesto una pena de tres años de prisión a Aitor M. P., un sierense de 51 años, acusado de apoderase de 111.000 euros de la cuenta de unos ancianos a los que ayudaba, como vecino que los conocía desde niño. El hombre, que negó en todo momento haberse quedado con dinero, tendrá que pagar además una multa de 7.200 euros, además de reintegrar el dinero esquilmado. No obstante, su letrado presentará en breve un recurso de apelación ante el TSJA.

El ahora condenado ayudaba a la mujer, después de que su marido fuese ingresado en una residencia de ancianos. El acusado aseguró que la anciana tenía capacidades plenas para disponer del dinero y que él, lo único que hacía, era sacar las cantidades que ella le mandaba. La tesis de la defensa, a cargo de Francisco Javier Calvo, es que “pudo ser cualquiera quien se quedase con el dinero, desde la cuidadora hasta los amigos y familiares que acudían a ver a la anciana a menudo”. Aitor “es un cabeza de turco”, llegó a decir durante el juicio, celebrado hace un mes.

Durante la vista, la letrada Ángeles Valdés, que defiende los intereses del hijo del anciano, que en el momento de los hechos (entre 2015 y 2018) aún no estaba reconocido, calificó de “vergüenza” que ni el banco, ni los servicios sociales ni la Fiscalía hubiesen descubierto “el expolio” que estaba cometiendo Aitor M. P., al que los ancianos trataban “como a un hijo”. Este aprovechó que tenía una autorización de la anciana para sacar más de cuatro mil euros al mes de la cuenta, unos 200 reintegros de 600 euros en tres años, con lo que las cuentas quedaron en números rojos.

La familia se enteró cuando la cuidadora, el frutero, el panadero y otros comerciantes empezaron a quejarse de que no cobraban. “La mujer tenía un gran deterioro cognitivo y quedó en manos de un delincuente. El sistema falló estrepitosamente. Y la Justicia fue muy lenta, cuando quiso actuar, ya lo había expoliado casi todo”, remarcó la letrada.

El letrado que defiende los intereses del sobrino de la pareja, pidió que se aplicase la agravante de parentesco, puesto que el acusado, dijo, se aprovechó de la confianza que los ancianos depositaron en él, al que consideraban poco más o menos como un miembro de la familia.

No ha trascendido en qué pudo gastar el hombre el dinero. En el momento de los hechos trabajaba en la construcción. Según la cuidadora de la anciana, ésta no se enteraba de lo que hacía el hombre con el dinero. De hecho, a veces llegaba de madrugada para coger la cartilla e ir a hacer reintegros. El juicio quedó visto para sentencia después de que las acusaciones mantuviesen sus peticiones de prisión.