El problema endémico de la eventualidad del personal interino en la administración del Principado ya tiene efectos colaterales para las víctimas de violencia de género. El cese de dos interinas, concretamente de una psicóloga y de una asistente social encargadas de elaborar informes en Oviedo, puede retrasar la celebración de juicios de violencia de género o, al menos, las sentencias de esos casos en Asturias, según confirmaron fuentes sindicales a LA NUEVA ESPAÑA.
Los salarios de las dos profesionales, que tenían como cometido la elaboración de informes de familia preceptivos para juicios penales y civiles, se pagaban con cargo a los fondos estatales que Asturias recibió en el marco del Pacto de Estado sobre violencia de género. Pero la partida recibida con cargo a esos fondos estatales se agotó y el Principado optó por poner fin a ambos contratos, una medida que ya provocó un cierto retraso en febrero, mes en el que ambas interinos tuvieron que agotar los días de vacaciones que tenían pendiente de disfrutar. La administración autonómica volvió a realizar a ambas trabajadoras un nuevo contrato por un mes, en marzo, pero ha concluido y en el ámbito de los trabajadores de justicia ya se da por hecho que habrá un parón en los casos judiciales relacionados con la violencia de género en el ámbito de Oviedo porque en la mayoría de ellos los informes de la psicóloga y de la trabajadora social son preceptivos para que el juez pueda dictar sentencia. Una posibilidad es que sea necesario retrasar los señalamientos de las vistas de violencia de género o, en su defecto, demorará las sentencias o resoluciones hasta que el juez conozca los informes.
“Está previsto crear esas plazas, pero no tenemos una fecha cierta, ha habido una descoordinación clara y la realidad es que los equipos psicosociales están cojeando, no dan a basto porque la demanda de informes sobre familia y violencia de género va en aumento”, comentó Cristina Esteban, delegada de CSIF en el ámbito de justicia, que tiene previsto preguntar por esta cuestión ante Función Pública. Se trata de puestos de carácter estructural, ya que cubren necesidades permanentes y no puntuales; de ahí que CSIF pida la cobertura urgente. “Es una situación con efectos y repercusión directa sobre personas, esto no es una tramitación de recibos”, apremió Esteban.
