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Duro golpe judicial al Principado por actuar "contra la educación inclusiva" de niños con discapacidad

Un juez anula las instrucciones del curso en las que Educación cambió de criterio para asignar profesores de apoyo a alumnos con necesidades especiales y limitó sus horas

Niña con autismo

Niña con autismo

Revolcón judicial al Principado y su gestión del sistema educativo público. Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) condena a la Consejería de Educación por no respetar el derecho a una educación inclusiva de los alumnos con discapacidades. Y no lo hace referido únicamente al caso particular del demandante -la familia de un niño con trastorno del espectro autista matriculado en un colegio ovetense- sino que anula de forma contundente las instrucciones dictadas por la consejera Carmen Suárez para el curso escolar 2020-2021 en lo referido a las horas de personal docente dedicado a alumnos con necesidades especiales.

El caso juzgado en particular es el de un alumno de educación infantil de un centro de Oviedo, cuya familia decidió batallar una vez que se enteró que este curso había perdido el apoyo intensivo que venía recibiendo de forma individualizada en función de sus necesidades evaluadas por expertos: cinco horas semanales de pedagogía terapéutica y otras cinco de audición y lenguaje. La familia, asesorada por el letrado Borja Álvarez Iglesias y tras no obtener respuesta de la Consejería, recurrió judicialmente entonces la circular por la que Educación estableció las instrucciones para este curso en la red educativa pública asturiana. En la misma se encontraba el meollo del problema: un cambio de criterio en el Principado que, tal y como resume el propio abogado, “fija límites para los recursos, dice cómo van a ser los horarios de los profesores de pedagogía terapéutica y audición y lenguaje y establece que en ningún caso se tendrán en cuenta las horas de apoyos intensivos” como los que recibía el hijo de la familia demandante.

Es decir, el Principado, coincidiendo con un curso marcado por la pandemia, incluyó en sus instrucciones generales a los centros educativos un giro respecto a lo que era habitual que el juez ha considerado ahora “contrario a la educación inclusiva como principio de equidad”, incluido en la Ley de Educación y recogido también en la convención internacional sobre derechos de personas con discapacidad suscrito por España. La sentencia explica así que “frente al modelo adaptado a las necesidades educativas especiales de cada alumno, mediante una atención individualizada, que ha seguido la Administración educativa demandada hasta el presente curso escolar, la modificación del mismo basado en atención grupal y por aula en función de los medios y recursos disponibles en cada centro resulta evidente que no responde a las exigencias legales y necesidades concretas de apoyo de cada alumno”.

¿Y cuál era el “modelo” aplicado antes en Asturias que se eliminó este curso? Recuerda el juez que “se hacía la petición (de recursos docentes) desde cada centro escolar y, de acuerdo a la necesidad intensiva de cada alumno, se contrataba personal especialista”. En cambio, para este curso fue la Consejería de Educación quien limitó ese personal de antemano en función de las posibilidades y recursos colectivos de cada centro. Una modificación inadmisible a ojos del juez “cuando no tienen las mismas necesidades un alumno con discapacidad sensorial, que motora, que intelectual, e incluso dentro de estos grupos tampoco son las mismas las necesidades de todos los niños y niñas con trastorno del espectro autista”. A lo que agrega: “Cada uno de ellos tiene sus propias necesidades específicas, y la educación inclusiva, según su propio concepto, trata de dar respuesta a esas necesidades específicas de cada alumno y alumna”.

En definitiva, el varapalo judicial contra Educación es contundente toda vez que le condena por actuar contra la “educación inclusiva” de niños con necesidades especiales, le obliga a dotar al centro del hijo de la familia demandante de los recursos suficientes para que recupere sus horas de apoyo educativo individualizado y, sobre todo, declara nula la parte de la circular de instrucciones para el presente curso en la que limitaba de forma grupal la contrataciones de personal docente para esas horas de apoyo. El Principado puede interponer recurso de casación contra el fallo.

Revuelo en el profesorado tras la sentencia: ANPE pide el cese de la consejera, CC OO el de una directora general y SUATEA acusa al Principado de "precarizar la educación del alumnado que más lo necesita"

Los sindicatos de la enseñanza pública no han tardado en reaccionar a la dura sentencia que castiga la política seguida por el Principado para este curso respecto al apoyo educativo especial para alumnos con necesidades especiales, anulando las instrucciones dictadas por la Administración para este curso. Para ANPE, sindicato mayoritario, el fallo judicial “no deja lugar a dudas y supone un nuevo varapalo a la gestión de la Consejería de Educación de Asturias”.

Si verdaderamente se quiere realizar una educación inclusiva y de calidad, el alumnado que presenta necesidades educativas especiales necesita de una atención individualizada fuera del aula con la finalidad de que se puedan trabajar aspectos que le permitan alcanzar los mismos fines educativos que el resto del alumnado de su edad”, agrega ANPE, que suma este episodio a otras críticas que realiza a la gestión de la consejera, Carmen Suárez. “Para ANPE es prioritario que se le cese y sustituya de forma fulminante la Consejera de Educación pues las ilegalidades cometidas y falta de credibilidad acumulada no permiten mantenerla en su puesto: que se aborde de una vez por todas la Atención a la Diversidad, pues es la única Comunidad Autónoma que carece de un Decreto que regule las funciones del profesorado y los especialistas de pedagogía terapéutica y audición y lenguaje, se dote al profesorado de mascarillas FFP2, los centros de medidores de CO2, se restrinja el horario laboral del profesorado que entre docencia directa, online y reuniones telemáticas se extiende en horario laboral de sol a sol, se vacune con urgencia a todo el profesorado como personal esencial que es, se recupere para el curso próximo el 100% de la educación presencial y cese ya el ninguneo y desprestigio del profesorado asturiano al que nos somete día a día nuestra Consejera”, señaló el sindicato mayoritario en la enseñanza pública asturiana.

También SUATEA se refirió a la resolución judicial. “Lo que han reclamado, por un lado, las familias, en tanto que derecho fundamental de sus hijos e hijas, como, por otro, el propio profesorado y SUATEA, era simplemente eso, que se hiciera cumplir la ley en lugar de restringir la atención especializada inventándose criterios peregrinos en una circular”. El sindicato acusa al Principado de “precarizar la educación del alumnado que más lo necesita” por “criterios economicistas para ahorrarse maestras de pedagogía terapéutica y audición y lenguaje”.

Borja Llorente, secretario general de Educación de CC OO, reclamó por su parte "el cese de la directora general de Ordenación Académica y Equidad, Paula García". Para Llorente, "es la sentencia más dura que han tenido en su contra al menos en los últimos cinco años", teniendo en cuenta "lo grave que es que no se haya garantizado este curso la atención a la diversidad de forma adecuada". Asimismo, cree que la sentencia no solo anula la instrucción de la circular de inicio de curso, sino que también decaerá el decreto sobre la atención a diversidad que se estaba preparando, "que iba en la misma línea, presuntamente inclusiva, que significa meter a los niños en clase y que los profesores de educación especial trabajen dentro de las clases, algo que en algunos casos en imposible". El secretario general de Educación de CC OO recalcó que "no se puede dar tención a la diversidad al peso", como estableció el Principado para este curso, sino que hay que evaluar las necesidades especiales de cada alumno con discapacidad.

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