Los representantes de las sociedades gestoras de 17 cotos de caza cuya concesión caduca en los próximos meses se plantarán hoy ante el Principado si no cumple unos “mínimos” que garanticen su supervivencia. Esos mínimos pasan por que la Administración asuma el 25% de los daños en cultivos, aumente el número de hectáreas por guarda y reduzca de diez a cinco años el tiempo mínimo de las adjudicaciones. Los cazadores trasladarán estas peticiones, junto a otras, al consejero de Medio Rural, Alejandro Calvo, en un Consejo de la Caza online, convocado para esta tarde.

Fadovisa, la Fundación para el Manejo, Desarrollo y Conservación de la Vida Silvestre y su Hábitat, ha coordinado las reclamaciones del colectivo y exigirá hoy al Principado “una reforma urgente del reglamento de caza”, que es del año 91. “Nuestra recomendación es que ninguna sociedad renueve la concesión de los cotos en las condiciones que se plantean y con la normativa actual. No se puede empezar la casa por el tejado: primero hay que modificar el reglamento y luego, en base a ello, el pliego de condiciones de la adjudicación de los cotos”, dice su presidente, Andrés Álvarez, que también reclama un reglamento de daños.

Respecto a la normativa marco, las sociedades gestoras de 17 cotos del centro, el oriente y el occidente proponen, por ejemplo, reducir el tiempo de las concesiones; que el Principado asuma una parte de los daños; que se elimine el criterio “subjetivo” de riqueza (la cantidad de animales y variedades de especies que hay un coto) para determinar el número de guardas; que el canon “revierta en el territorio”; o que se incorpore la cabra hispánica como especie cinegética.

En el pliego de condiciones, que se apoya en la norma anterior, los cazadores van más a lo concreto y reclaman que las sociedades asuman el 75% de los daños, no el 100% actual, y solo los generados en la producción agrícola. “Estamos ahorrándole a la Administración un montón de dinero en gestión; queremos que colabore un poco”, aseguran. Las cuadrillas quieren, en este sentido, dejar de asumir los daños producidos en la cabaña ganadera, porque son mínimos pero el coste administrativo es muy alto. “Si una gallina nos vale 6 euros, al final nos sale por 50 por todo el papeleo que tenemos que hacer”, se quejan. Asimismo, los cazadores piden que se les elimine la obligación que tienen de retirar en la actualidad fauna cinegética herida o muerta. “Esto nos genera unos costes enormes”, zanjan.