Tres asociaciones judiciales que representan a más de 2.500 jueces y magistrados –un 45 por ciento de los casi 5.500 que hay en España– acaban de enviar un escrito a la vicepresidenta de la Unión Europea para Valores y Transparencia, Vera Jourová, y al comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, advirtiendo del riesgo de involución en el Estado de derecho español con la reforma que el Gobierno plantea para el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), y llegan a pedir que se abra un procedimiento a España por violar los valores básicos europeos. El escrito, firmado por la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial “Francisco de Vitoria” y el Foro Judicial Independiente, no ha sido suscrito por Jueces para la Democracia a pesar de que esta última asociación defiende un papel preponderante de los jueces en la elección de los vocales del CGPJ. Como no podía ser de otro modo, la judicatura asturiana también está dividida sobre si está en riesgo la independencia del Poder Judicial.
“Estamos casi como Polonia o Turquía, por supuesto que peligra la independencia del Poder Judicial”
Carolina Serrano Gómez, presidenta de la sección territorial de Asturias de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y titular del Juzgado de primera instancia número 10 de Oviedo, cree que “por supuesto que peligra la independencia judicial, la última garantía de protección de los derechos de los ciudadanos está en los tribunales”, indica. Serrano afirmó que la reforma ya en marcha, que deja al CGPJ –que ha superado su mandato– sin posibilidad de elegir cargos judiciales, “se une a la que entrará próximamente en vigor, que reduce el número de diputados y senadores necesarios para renovar el Consejo (por la que bastará una mayoría simple para elegir a los nuevos vocales)”, que, en su opinión, vulnera la separación de poderes. Para la magistrada, “estamos casi como Polonia y Turquía”. Serrano cree que “desde el primer Consejo del Poder Judicial de la democracia, que fue elegido por los jueces, las cosas han ido a peor”. Y con un Consejo designado por los jueces “se garantizaría la independencia”.
Otro magistrado asturiano, Luis Ortiz Vigil, de la sección octava de la Audiencia Provincial con sede en Gijón y delegado en Asturias de la Asociación Judicial “Francisco de Vitoria”, indica que los remitentes del escrito a la UE solo buscan “una reacción ante el tiempo que se lleva reclamando un sistema de elección con mayor participación por parte de los jueces”. Vigil remarca que la petición está apoyada por la mitad de la carrera judicial. El sistema de elección por el que abogan es “la participación directa de los jueces en la elección de doce de los veinte vocales que conforman el Consejo”. Los demás vocales –esto es, ocho– “no hay problema en que se elijan con el sistema actual, pero es que ahora es el Parlamento el que los elige todos”.
“El escrito no va contra este Gobierno; contra el anterior presentamos una reivindicación similar”
Luis Vigil quiso dejar claro que hay que distinguir entre independencia del Poder Judicial e independencia de los jueces. “En nuestros órganos judiciales, en el trabajo del día a día, no notamos esa falta de independencia, no hay una merma de independencia. La cuestión está en el nombramiento de los cargos. Para llegar a determinados cargos no cuentan la antigüedad y los méritos estrictamente, sino que los elige el Consejo”, explica. Lo que sí quiso dejar claro sobre el escrito, aunque algún partido ya se ha dado prisa en prestarles su apoyo, es que “no tenemos preferencia por ningún partido. El escrito no va contra este gobierno. Las mismas reclamaciones las presentamos al gobierno anterior. La cuestión está en conseguir o no una verdadera separación de poderes”, indica el magistrado de la Audiencia.
La cuarta asociación profesional de jueces y magistrados, Jueces para la Democracia, no se ha sumado al escrito. Como explica el magistrado Julio Martínez Zahonero, delegado en Asturias de la asociación, discreparon del documento “tal como está redactado”. “No incide lo suficiente en que ahora hay una situación de bloqueo en el Consejo del Poder Judicial”, señala. Además, “nos parece inoportuna la referencia que se hace al reparto de subvenciones”. Efectivamente, el documento pide que, “en su caso, se valore la procedencia de la aplicación del Reglamento 2020/2092 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2020, sobre un régimen general de condicionalidad para la protección del presupuesto de la Unión”.
“Comparar la situación de España con Hungría o Polonia es un exceso, una desproporción”
Para Zahonero, el escrito “está sesgado, sin perjuicio de que compartamos buena parte de su análisis”. “Equiparar la situación de España con Hungría o Polonia es un exceso, una desproporción absoluta”, añade. Entre otras cosas “porque reducir las competencias de un Consejo caducado tampoco parece tan disparatado: un Gobierno en funciones tiene funciones limitadas”. Jueces para la Democracia aprobó en su congreso de Oviedo de hace dos años que el Consejo debería elegirse por los propios jueces. No obstante, sigue habiendo debate en la asociación: “Es un tema polémico”.
