En el curso de la pandemia “no se produjo ningún recorte” en atención a la diversidad; todo lo contrario: hubo un “ligero incremento” de recursos. Así reaccionó ayer la consejería de Educación a la contundente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) que condena el Gobierno regional por vulnerar el derecho a una educación inclusiva de los alumnos con discapacidades. El departamento de Carmen Suárez está “explorando” la posibilidad de recurrir el fallo que anula las instrucciones de inicio de curso en lo relativo a la limitación de personal y horas de docencia de apoyo en Pedagogía Terapéutica (PT) y Audición y Lenguaje (AL).
La demanda de la familia de un niño que padece un trastorno del espectro autista es la que ha generado esta dura sentencia, por la que algunos sindicatos –y también Foro Asturias– piden la dimisión de la Consejera o de la directora general de Equidad Educativa, Paula García. Los padres del menor, alumno de un centro de Oviedo, decidieron pelear en los tribunales al perder el apoyo intensivo que venía recibiendo en los últimos años en función de sus necesidades: cinco horas semanales de pedagogía terapéutica y otras cinco de audición y lenguaje. Esa pérdida de formación se produjo, según el TSJA, por un cambio de criterio del Principado a raíz de la pandemia, consistente en limitar los recursos destinados a PT y AL en función de criterios colectivos de cada centro y no al análisis individualizado de cada estudiante con discapacidad.
La consejería de Educación defendió ayer que la circular de inicio de curso atiende a “los criterios sanitarios de seguridad y prevención frente a la pandemia”, lo que repercute “en la reducción de la movilidad en los centros, la limitación de los espacios disponibles y en los propios agrupamientos del alumnado”. En consecuencia, este curso “se priorizó la atención dentro del aula”, ya que se establecieron grupos burbuja para controlar mejor el covid, “pero sin limitar –puntualizan– cuantas acciones de carácter individual sean necesarias para la atención especializada”. En cualquier caso, recuerda el Principado, los recursos que se asignan a los centros se basan siempre “en los análisis e informes de los servicios de orientación y de las diferentes unidades de la Consejería”.
En relación a los recursos, Educación asegura que este curso hubo un “ligero incremento” respecto al anterior y un “salto significativo” en comparación a 2018-2019. Y dan datos: “Las plazas de PT pasaron de 542 a 547 en el último curso; y las de AL, de 288 a 310”. Además, hay 9 auxiliares más, “uno de ellas asignado al centro en el que cursa sus estudios el alumno de la familia” que demandó. Una muestra de la apuesta del Gobierno por la atención a la diversidad, dicen, es que está ultimando el Decreto de Equidad, Inclusión y Respuesta a la Diversidad, muy demandado por los sindicatos. La norma tiene como objetivo , según explican, “establecer los principios y las actuaciones para organizar un modelo educativo inclusivo, que haga efectiva la equidad e igualdad de oportunidades en el acceso, presencia, participación y aprendizaje de todo el alumnado”.
Más reacciones
La familia que ha ganado la sentencia pertenece a la asociación Adansi, especializada en dar apoyo a personas con trastornos del espectro autista. “No nos sorprende el fallo judicial porque ya sabíamos que no era una situación legal. Y no queremos tener que ir a un juzgado a defender los derechos de nuestros hijos, no es la situación más agradable para una familia”, defiende su presidenta, Carmen de la Rosa, que recalca que lo que planteó la familia en su demanda “es una pelea por una hora al día de apoyo; no es algo exagerado ni nada fuera de lugar”. De la Rosa reclama que “los recursos se ajusten a las necesidades de los niños, que eso es el concepto de inclusión y no es repartir los niños por centros y repartir recursos por una fórmula matemática”. A lo que añade: “Hay personas dirigiendo los recursos que no saben lo que es la inclusión educativa, una cuestión que no puede ser contemplada desde la perspectiva económica de qué tenemos y cuánto repartimos”.
El colectivo de maestras de Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje confirma lo que critica el TSJA pero que rechaza el Principado: sus recursos se han visto recortados este curso. “La sentencia es muy contundente y clara. Realmente es lo que peleamos nosotras. Es muy positivo y entendemos que va a ser un antes y un después”, valora Gemma María Prieto, maestra de PT en un colegio de Avilés. Ella entiende que “sí tiene que haber responsabilidades en la Consejería, porque uno tiene que ser responsable de sus decisiones y más si afectan a un colectivo tan vulnerable” como los alumnos con necesidades educativas especiales. Bajo su punto de vista, el Principado “quiso recortar” recursos a su costa cuando “no damos abasto”, porque “no solo son los niños con discapacidades o trastornos sino que también hay que atender a otros con dificultades de aprendizaje, otros que llegan del extranjero, otros que tienen altas capacidades...”.
Alba González, maestra de AL en Aller, es contundente: “Hubo un atraco a los derechos de estos niños”. Por eso cree que la sentencia “es un respaldo a las familias con críos de necesidades especiales y al profesorado, que nos vimos con las manos atadas en septiembre sin ningún tipo de lógica”. González reclama que Educación “pida perdón” y tome nota de cara al próximo curso con “medidas reales” para atender a este alumnado: “Y esto son recursos, no titulares en los que se les llena la boca con la palabra ‘inclusión’”.
Por su parte, la Asociación Plena Inclusión Asturias aprovechó la sentencia para exigir al Principado “un modelo educativo que garantice una vida plena al alumnado con discapacidad”, en el que “es necesario tener en cuenta dos dimensiones, una social y otra individual, y actuar desde ambas, con el objetivo de prepararlos para su futuro”.
