El conflictivo uso del asturiano en la Junta corre el riesgo de regresar al lugar de donde viene y volver a llamar a la puerta del Tribunal Constitucional. La advertencia contiene una posibilidad cierta que apunta José Manuel Pérez, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Oviedo y letrado del Constitucional, a la vista de la falta de unanimidad política alrededor de la propuesta que el PSOE planteó el pasado miércoles para tratar de desliar la madeja que enreda a los que dentro de la cámara quieren expresarse en asturiano con los que dicen que no los entienden. La iniciativa socialista, todavía preliminar, aún pendiente de ser plasmada en un informe jurídico y elevada a la Mesa de la cámara, plantea que siempre que un diputado aduzca que no comprende al orador se otorgue a éste un tiempo para que traduzca su propia intervención o en su caso entregue una copia escrita en español.
La fórmula parece tener más grupos a favor que en contra, y acaso apoyos políticos suficientes para ser aprobada, pero ni mucho menos unanimidad ni tal vez destrezas suficientes para conseguir que esto termine aquí. Desde que se conoció su contenido ha escuchado aplausos, pitos y significativos silencios. Podemos ya se aprestado a protestar con toda contundencia antes de que la Mesa se pronuncie, pero en todo caso hay aquí materia potencial de recurso de amparo al Constitucional. Ese podría ser el destino, aventura Pérez, tanto de quien aduzca que no entiende lo que se habla en el parlamento como de cualquier diputado asturfalante que entienda que la “autotraducción” le impone una carga adicional que entorpece su tarea y vulnera su derecho a ejercer las funciones propias de la actividad parlamentaria –consagrado en el artículo 23 de la Constitución–, o incluso que supone “un elemento disuasorio” para el uso de la llingua.
Como quiera que “desde el prisma constitucional” le parece “discutible” la imposición de la carga de la traducción, el controvertido asturiano de la Junta corre el serio riesgo de regresar al lugar de donde viene: el Tribunal Constitucional, la reciente sentencia que desestima el recurso de Vox, avala el uso de la llingua en el parlamento y conmina a la Mesa a establecer unas condiciones que aseguren el uso de la llingua preservando la función parlamentaria. La oferta del PSOE para lograrlo ya está sobre esa mesa, pero entiende Pérez que cualquier diputado o grupo que se sienta lesionado en sus derechos puede recurrir en amparo y hacer que sea el Constitucional el que vuelva a decidir. También puede que el parlamento “explore otras soluciones que, en su caso, podrá examinar el Tribunal”, como establecer un servicio de traducción e “imputar sus gastos a cada grupo que use este servicio o detraer el coste de sus asignaciones”.
He ahí una posibilidad, una de tantas, que en todo caso no debería ocultar, a juicio del jurista, que en esta controversia cabe sobre todo pedir “un poco de sentido común” y otro poco de atención a la evidencia de que el asturiano “se habla y se entiende sin problema en la Junta”. Esto no es el euskera, remarca, y a las pruebas se remite: hay casos, algunos muy recientes, de uso del asturiano en la cámara sin queja alguna de nadie. “El entendimiento no va por días”, afirma, invitando a “no hacer un uso torticero” de esa supuesta incomprensión.
Las reacciones de los colectivos asturianistas, nada complacientes con la propuesta del PSOE, tampoco se han hecho esperar. La Academia de la Llingua rechaza una alternativa que “vulnera el espíritu del Reglamento de la Junta” y “retuerce” la sentencia del Constitucional. Iniciativa pol Asturianu reactiva su oferta de un curso de asturiano gratuito para los diputados y trabajadores de la Junta y denuesta igualmente una polémica que considera “absurda”, construida sobre la “falacia” de quienes dicen no entender el asturiano: “Se buscan soluciones a un problema que no existe, se cae en una trampa para politizar la llingua”.
