Los interinos abren batalla penal contra los políticos en defensa de sus puestos

La batalla en la vía penal ya ha empezado, de hecho, en Cataluña, una autonomía en la que está censado más del 10 por ciento del casi millón de trabajadores públicos temporales de toda España, la mayoría de larga duración. Una juez de instrucción de Barcelona ha admitido a trámite una querella de la Asociación Plataforma de Interinos de Cataluña e investigará si hay delito en una reciente convocatoria de oposiciones por parte de la Generalitat para reducir la temporalidad, en la que no está previsto ningún mecanismo que salvaguarde los derechos de los interinos de larga duración.

En Asturias, un sindicato ha pedido paralizar las convocatorias de empleo, pero no ha obtenido respuesta

La querella presentada en Cataluña sostiene que dos altos cargos han incurrido en un delito de prevaricación administrativa, al dictar resoluciones supuestamente arbitrarias respecto a la jurisprudencia europea. Una juez de instrucción de Barcelona ya ha señalado la fecha para que dos altos cargos –la directora general de Función Pública y la secretaria de esa área– comparezcan en calidad de investigadas. En la querella se relata que las dos altos cargos han convocado una oposición, “aparentando con ello pretender solucionar el evidente problema existente sobre el alto porcentaje de trabajadores interinos” en la Generalitat, pero este proceso sería contrario “al ordenamiento nacional y europeo” porque si bien resuelve la “irregularidad” del puesto de trabajo “no da solución al interino que lo ocupa desde hace años, incluso décadas”. La plataforma catalana aporta como argumentos los recursos presentados contra esas convocatorias, que ni siquiera fueron contestados por las dos altos cargos.

El asturiano Antonio Navarro, presidente del Sindicato de Trabajadores Temporales de la Administración (SINTTA), declaró que el paso de las reclamaciones de la vía contencioso-administrativa a la penal “es una estrategia que se está valorando desde hace tiempo en el conjunto del país, pero los compañeros de Cataluña han decidido ir adelante y que se haya admitido a trámite es buena señal”. Navarro añadió que el recurso a la vía penal “abriría la puerta a que los políticos tuvieran que responder a título personal y ante la justicia de las decisiones que toman”, aunque indicó que la acción judicial en Asturias en estos momentos se centran en los casos presentados en la vía contencioso administrativa. La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del 19 marzo de 2020 dejaba en manos de los tribunales y jueces españoles la posibilidad de sancionar los abusos en la contratación temporal, pero caso a caso y no de forma general. El SINTTA ha pedido la paralización de las ofertas públicas de empleo (OPE) previstas en Asturias mientras no haya un estudio de las plazas que están cubiertas por personal interino de larga duración, pero no ha obtenido respuesta. El Gobierno autonómico se ha limitado a afirmar que está a a la espera de las decisiones que se adopten en el ámbito estatal.

Asturias, muy por encima de la media en la contratación de eventuales

Asturias se encuentra muy por encima de la media nacional en la contratación de trabajadores temporales. La región cuenta con 2.317 empleados públicos interinos en el conjunto de las tres administraciones (estatal, autonómica y ayuntamientos) por cada cien mil habitantes, una estadística que encabeza Extremadura, con 3.268 temporales en esa misma ratio, seguida de Cantabria, Navarra, País Vasco y Canarias. En la lado opuesto, están Cataluña, con 1.409 interinos por cada cien mil habitantes, Andalucía (1.682) y Comunidad Valenciana (1.692). El Principado es la administración que más recurre en Asturias a la contratación de personal temporal, una política que se agudizó a partir de la crisis económica de 2010, año en el que se dejaron de hacer convocatorias de ofertas públicas de empleo. Asturias no fue una excepción. El volumen de interinos creció más de un 60 por ciento desde el año 2013 hasta la actualidad. Pero ahora Europa urge esa reforma. Bruselas exige mayor estabilidad en la contratación laboral y, sobre todo, en el empleo público. “Es un crimen que el sector público sea el que más vulnera la legislación laboral en España”, declaraba recientemente el eurodiputado Luis Garicano (Ciudadanos) en una entrevista a LA NUEVA ESPAÑA, donde afirmaba que esa reforma no puede hacerse con los interinos que llevan 20 o 30 años trabajando para la Administración como moneda de cambio. Solo en el sector de la educación, hay 5.053 profesores interinos, según ha reconocido recientemente el Gobierno autonómico ante la huelga convocada entre ese colectivo. En el ámbito educativo hay trabajadores que acumulan más de 30 años encadenando contratos temporales, hasta el punto de que formalizaron el primero antes de que tuviera lugar la transferencia de esta competencia del Estado al Principado. Otro sector donde se localiza el grueso de contrataciones temporales es el sanitario, una tendencia que también se ha hecho más acusada como consecuencia de la pandemia sanitaria.