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El alcalde de Somiedo, absuelto, tilda de “kafkiana” la actitud de la Fiscalía

“Llevo 33 años gestionando dinero público sin tacha alguna”, recuerda el regidor, para el que pedían tres años por una prevaricación que no existió

Belarmino Fernández. | LNE

Belarmino Fernández. | LNE

El alcalde de Somiedo, Belarmino Fernández, no cometió ilícito penal alguno al no abrir expediente a un taxista denunciado por cobrar supuestamente de más, o por tardar en responder al denunciante cuando previamente reclamó conocer el régimen de tarifas del transporte público en el concejo somedano. El regidor, que estaba convencido de que iba salir absuelto aunque está molesto por haber tenido que ser sometido a juicio por una cuestión que, según cree, “tendría que haber acabado en la oficina del consumidor”, califica la actitud de la Fiscalía de “kafkiana e incomprensible” y pide al ministerio público que explique por qué le llevaron a juicio o que le pidan perdón por haberlo hecho de manera, en su opinión, injusta. Y es que le pedían hasta tres años de cárcel y otros 16 de inhabilitación, una enormidad, según considera, aunque también dijo ayer que no litigará contra la Fiscalía.

La sentencia de la sección segunda de la Audiencia, de la que ha sido ponente el magistrado Francisco Javier Iriarte, declara que “los hechos probados no son constitutivos de los delitos de prevaricación y falsedad documental”. Añade que “no cabe equiparar la omisión de la resolución debida con el mero retraso al dictarla, aunque sea intencionado”. Y es que “el dictado de una resolución expresa fuera del plazo legalmente previsto no puede dar lugar a que se aprecie la concurrencia del delito”.

Lo cierto es que las tres peticiones del usuario que se consideró estafado por el taxista “fueron respondidas por el Ayuntamiento, por lo que, sin perjuicio de la mayor o menor aptitud de las contestaciones a la hora de satisfacer el derecho a la información pública del solicitante, ningún comportamiento omisivo cabe apreciar”.

No obstante, continúa el fallo, “es cierto que, en lo que hace a las dos primeras solicitudes, el Ayuntamiento incumplió el plazo legalmente previsto para contestar, porque las resoluciones en las que se conceda o deniegue acceso a la información pública han de notificarse al solicitante en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud”, pero “tales retrasos no son, por sí solos, constitutivos de prevaricación, máxime si se tiene en cuenta que el retardo en contestar puede calificarse de leve”. El magistrado ponente resalta “la precariedad de medios materiales y personales que habitualmente padecen los pequeños ayuntamientos, como es el caso de Somiedo”.

Además, dice el fallo, “la decisión de no incoar procedimiento sancionador no es constitutiva del delito de prevaricación”, como sostiene la Fiscalía. Y es que no cabe considerar “la omisión de persecución administrativa como equivalente a la de no perseguir delitos”.

Belarmino Fernández se mostró, evidentemente, satisfecho con el fallo aunque dolido con la actitud de la Fiscalía. “Llevo 33 años gestionando dinero público sin tacha alguna. No se puede llevar a juicios penales este tipo de cosas. En cinco años he sufrido siete denuncias penales, todas desestimadas, la mayoría por la judicialización que impusieron los concejales de Foro que hoy están en el PP. ¿Quién va a ser alcalde en estas condiciones?”, se preguntó.

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