Los cambios sobre la gestión de los cotos de caza, actualmente en estudio, abocarían al despido de veinte guardas, según alertó ayer el sindicato USO, que ha solicitado una reunión conjunta entre la consejería de Medio Rural y los guardas rurales de caza para abordar esta cuestión. El sindicato no descarta llevar esta situación al Defensor del Pueblo. Mientras, la asociación de guardas y el colectivo de vigilantes de seguridad privada (Avispa), que ya había denunciado el mismo hecho, han formulado alegaciones al borrador del plan de vigilancia en los cotos.
USO basa ese cálculo en la propuesta trasladada por las sociedades de cazadores al Gobierno del Principado, que plantea reducir la contratación a un guarda de caza por cada 14.000 hectáreas. “Esa medida supondría el despido de una veintena de profesionales en toda Asturias”, afirma USO, que reclama esa reunión para poder presentar propuestas “en pro de llegar a unificar criterios”.
USO rechaza, además, que se planteen contrataciones temporales en periodos de seis meses. “La labor desarrollada por los guardas rurales son necesarias durante todo el año para el control de las vedas, la vigilancia del furtivismo, la prevención de incendios y la protección de la fauna y la flora, entre otras actuaciones”.
El sindicato USO tampoco quiere dar la espalda a las dificultades económicas que alegan tener las sociedades de cazadores, ante la nueva regulación que planea el Principado para la gestión de los cotos de caza en Asturias. “Se puede plantear la concesión de ayudas económicas similares a las existentes en otras autonomías españolas como, por ejemplo, la Comunidad Foral de Navarra”, propone.
Por su parte, la asociación profesional de guardas de caza del Principado y la asociación profesional de vigilantes de seguridad privada de Asturias proponen en sus alegaciones que haya un mínimo de un guarda hasta 10.000 hectáreas, dos guardas hasta 20.000 hectáreas, tres guardas hasta 30.000 hectáreas, cuatro guardas hasta 42.000 hectáreas, cinco hasta las 54.000 y seis guardas hasta 66.000 hectáreas. También plantean que se deberá contratar un guarda a tiempo parcial durante el menos 6 meses al año en los cotos con más de 12.000 hectáreas. Ambos colectivos destacan “la indiscutible peligrosidad de la actividad cinegética” en Asturias porque los cotos “están en entornos poblacionales muy dispersos”.
