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El Gobierno asturiano prevé aprobar este viernes la reforma de la ley de Salud para dar respuesta a la pandemia

El Principado admite que necesitará autorización judicial para aplicar restricciones cuando acabe el estado de alarma

Adrián Barbón en el pleno de la Junta General del Principado

Adrián Barbón en el pleno de la Junta General del Principado

El Gobierno regional prevé aprobar en su reunión de este próximo viernes el proyecto para la reforma de la ley de salud que debe dar respuesta a la pandemia, según acaba de anunciar el consejero Pablo Fernández en el pleno de la Junta General a una pregunta realizada por el diputado de IU, Ovidio Zapico, quien ha lamentado que esta reforma legislativa llega tarde ante la próxima finalización del estado de alarma para el próximo 9 de mayo.

El consejero de Salud ha admitido "con la necesaria humildad" que la gestión de "una pandemia sin precedentes" ha supuesto una carga de trabajo para su departamento pero al mismo tiempo ha asegurado que la reforma de esta ley para contar con herramientas ante la situaciones extraordinarias como la actual. Pablo Fernández detalló que en el período de participación se recibieron 19 alegaciones o sugerencias. "Seguimos avanzando, nada se ha parado", aseguró el titular de Salud, que precisó que el texto ya está a disposición de los secretarios generales técnicos que podrían dar el visto bueno para que sea aprobado por el Consejo de Gobierno "este mismo viernes". El diputado Zapico hizo hincapié que la terminación del Estado de Alarma acarreará "un grave problema" para seguir aplicando medidas contra la expansión de los contagios, sobre todo las relativas a la movilidad de los ciudadanos. "Necesitamos ese marco jurídico", insistió el parlamentario IU, quien consideró que "la tramitación de la reforma ha sido excesivamente lenta".

Pablo Fernández, no obstante, ha dado por hecho que "independientemente" de la reforma de ley autonómica de Salud el Principado , las medidas que se deban aplicar cuando concluya el Estado de Alarma "deberán ser autorizadas por la autoridad judicial".

El borrador del anteproyecto para reformar la ley de salud asturiana incorpora la competencia de que el Consejo de Gobierno del Principado, a propuesta de la consejería de Salud, declare la situación de emergencia sanitaria. Dicha competencia permitirá la puesta en marcha de acciones y medidas "con repercusión transversal importante, a nivel sanitario, económico y social" para preservar la salud de la población. Entre estas medidas "excepcionales y urgentes" estarían "el confinamiento de personas en sus domicilios o en lugares seguros", así como "la evacuación, alejamiento y restricción de acceso de las personas respecto a los lugares de riesgo para la salud, propia o de los otros", según recoge el citado borrador, al que ha tenido acceso LA NUEVA ESPAÑA.

El anteproyecto especifica que la duración de estas medidas estaría limitada al tiempo necesario para afrontar la emergencia sanitaria y también establece que el Gobierno regional tendría que dar cuenta de la situación de emergencia sanitaria a la Junta General del Principado, aunque no requeriría de su aprobación mediante una votación de los diputados autonómicos en el Pleno del parlamento.

Especialistas en Derecho Administrativo cuestionan alguno de los contenidos de esta reforma que preparan los servicios jurídicos del Principado. El jurista ovetense Javier Junceda sostiene que "una ley autonómica ordinaria no puede afectar a derechos fundamentales, como el de la movilidad, y menos aún entrar en el confinamiento de personas a lugares seguros". En opinión de Junceda, el Principado para establecer restricciones de ese calado y alcance debería recurrir a la solicitud del estado de alarma al Gobierno central. El especialista en Derecho Administrativo apunta incluso que medidas adoptadas por la Xunta de Galicia como los confinamientos en las comarcas de la Mariña, Coruña o, más recientemente, en Orense carecen de soporte jurídico en la normativa vigente actualmente. Cabe recordar los reparos técnicos que ya plantearon diversos juristas a la aplicación del estado de alarma en lo relativo a los confinamientos domiciliarios, "una medida que es más propia del estado de excepción", apuntó Junceda. El confinamiento generalizado, que caracterizó los primeros meses del estado de alarma, también fue cuestionado, por ejemplo, por Miguel Ángel Presno, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Oviedo.

"Mientras en Francia se ha hecho una ley específica en materia covid para regular posibles lagunas jurídicas, aquí en España se ha perdido el tiempo, se enredaron en los sucesivos estados de alarma y se re ha renunciado a una legislación concreta", advirtió Javier Junceda.

El presidente del Principado, Adrián Barbón, había planteado el pasado mes de junio la necesidad de modificar la ley orgánica de Salud Pública para regular derechos fundamentales, como el de la movilidad, y tener así "más instrumentos" para hacer frente a pandemias y a posibles rebrotes en determinados territorios, como está ocurriendo ahora; una iniciativa defendida asimismo por el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo.

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