“La inclusión tiene un precio: no somos números”. “Vuestro silencio es su exclusión”. “No pedimos nada que no les corresponda: educación inclusiva de calidad”.
Estos son tres de los mensajes que las maestras de Educación Especial dirigen al Principado y que forman parte de una campaña recién iniciada para exigir más recursos a raíz de la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA). El fallo lo ganó la familia de un alumno de Oviedo con trastorno del espectro autista (TEA) y condena a la consejería de Educación por actuar “contra la educación inclusiva”, al reducir el apoyo intensivo a niños con discapacidad. Pese a ello, el departamento de Carmen Suárez negó la semana pasada que hubiesen disminuido este curso los recursos de atención a la diversidad. “Sí hay recortes. Las familias los sufren y los profesionales de primera línea también”, contesta la plataforma de maestra de Audición y Lenguaje (AL) de Asturias, que es la que lidera la campaña de “sensibilización y concienciación”.
Las profesoras también han remitido una carta a la Consejería, en la que explican que la circular de inicio de curso fue anulada por el TSJA –en lo relativo a las horas de docencia de apoyo en Pedagogía Terapéutica (PT) y Audición y Lenguaje (AL)– porque “establece de forma ilegal la dotación de personal especialista a los centros”. Lo hace, detallan, “de forma grupal y matemática, sin tener en cuenta las necesidades específicas e individuales de cada alumno, vulnerando así gravemente derechos fundamentales”. Tras las declaraciones de la Consejería, la plataforma responde: “Excusatio non petita, accusatio manifesta; es decir, si alguien se excusa de lo que no ha sido acusado, seguramente sea porque haya realizado tal hecho y se esté disculpando por adelantado”. “No hay otro modo de entender que ante una condena por vulnerar derechos fundamentales de un menor, la Consejera afirme “no hay recortes’”, denuncian.
El caso de Beatriz
Recortes como los que está sufriendo el hijo de la avilesina Beatriz Izquierdo: un niño de 5 años con trastorno del espectro autista. Desde que empezó en la escuela, venía recibiendo (en 3 y 4 años) 15 horas de apoyo intensivo: 10 de PT y 5 de AL. Sin embargo, este curso todo cambió y se quedó “con muchas menos; 2 de PT y una y media de AL”. Izquierdo no sabe ni siquiera precisar el número exacto de horas, porque explica que este año se cambió el criterio y que “en vez de venir las horas asignadas a cada niño, aparecen las totales del colegio y ellos reparten como pueden”. “No nos dan ninguna explicación; llamé al Principado y unos se pasan la pelota a otros. Sinceramente no lo entiendo”, expresa indignada.
No lo comprende porque, como ella misma dice, las 15 horas de apoyo intensivo fueron asignadas por la Consejería en base a la evaluación de su hijo. Dicho con otras palabras: “No es que crea que mi pequeño necesite esas horas, es que ellos se las dieron”. “Ahora por mucho que me las den –agrega– no me van a solucionar nada. Este curso está perdido. Lucho porque todavía le quedan muchos años en edad escolar”.
El menor pasará en septiembre a Primaria sin haber recibido este año la ayuda necesaria. Su madre cuenta que es “muy inteligente”, pero que necesita a una especialista siempre a su lado para que pueda seguir las clases. “Si no, él no atiende y se pone a jugar. Y es precisamente en estas edades en las que necesita coger esos hábitos. Está claro que la Consejería no apuesta por la inclusión. La sentencia me parece genial, pero también creo que es superinjusto que tengamos que llegar a estos extremos. ¿Por qué unos recursos que ellos nos dieron ahora tenemos que estar peleando por ellos?”, sentencia.
