Para después del estado de alarma, en un escenario incierto que deja en suspenso la restricción de derechos fundamentales, el Principado prepara una adaptación que mantenga vivo el sistema “4Plus” que ahora tutela las restricciones por concejos. La nueva versión está todavía poco madura, toda vez que el avance que hizo ayer el consejero de Salud, Pablo Fernández, únicamente precisa por ahora que “posiblemente los cierres perimetrales en vez de municipios puedan aplicarse únicamente en aquellas localidades en las que se detecte una situación concreta de mayor incidencia como consecuencia de un problema cualitativo”. Habla de volver a confinamientos más “locales” que los de los concejos –Asturias empezó cerrando sólo los cascos urbanos de Oviedo, Gijón y Avilés en otoño–, pone como ejemplo de situación potencial de cierre la declaración de “un brote de una de las nuevas cepas” y precisa lo ya sabido de que en cuanto el estado de alarma decaiga “tendríamos que pedir ante la autoridad judicial una autorización para poner en marcha todas las medidas que afecten a derechos fundamentales”.
Sería el caso de los cierres perimetrales y de todas aquellas restricciones que limiten la movilidad o las reuniones sociales… Al acercarse a esa nueva coyuntura, eso sí, Fernández aún no concretó ayer si los nuevos cierres de ámbito inferior al municipal se plantearán por localidades o por áreas sanitarias. Se limitó a un “estamos trabajando en ello” acompañado por el anuncio de que “antes del día 9, con tiempo suficiente, vamos a explicar cómo será exactamente el nuevo sistema adaptado a la nueva situación”.
El Consejero elude también el charco de la posición del Gobierno asturiano sobre una eventual prórroga del estado de alarma más allá del día 9 y afirma que su departamento “trabaja con la realidad”, y contando con que “en principio lo previsto y lo más probable es que termine el 9 de mayo. Nos estamos preparando para tener las herramientas necesarias para gestionar la pandemia también a partir de ese día. Porque el estado de alarma puede decaer, pero la crisis sanitaria sigue”. Persevera en que más allá del día 9 puede cambiar el procedimiento para el abordaje de esa emergencia, pero “el objetivo seguirá siendo el mismo”. “En vez de a toda la región, se aplicarán medidas de manera concreta y localizada allí donde se necesiten a causa de una situación de riesgo epidemiológico alto”, remarca.
Cuando decaiga el estado de alarma, Asturias aún no dispondrá de la herramienta de la que empezó a dotarse ayer. El Consejo de Gobierno dio luz verde a la primera reforma de la ley autonómica de Salud, que entrará en la Junta para enfilar el trámite parlamentario sin tiempo de entrar en vigor antes del día fijado para el levantamiento de las restricciones del Gobierno central.
Cuando pase los filtros del parlamento, la norma habilitará al titular de Salud para declarar la emergencia sanitaria y utilizarla para poner en marcha medidas sanitarias, económicas y sociales al amparo de la ley orgánica de medidas especiales en materia de salud pública –que habilitan para “el control de los enfermos, las personas que estén o hayan estado en contacto con ellos y el medio ambiente inmediato”–, pero necesitará la autorización judicial para ordenar cierres perimetrales o limitaciones de derechos. En la práctica, podría seguir regulando horarios comerciales, por ejemplo, pero sin intervención judicial no cabrían confinamientos territoriales. Pablo Fernández quiso desvincular la reforma legal del inminente final del estado de alarma. “Estamos hablando de decretar algo similar a la crisis sanitaria a nivel nacional”, precisó, algo “que a partir del día 9 sigue presente”. Sin aclarar las razones de la demora de una reforma largamente anunciada, el Consejero asume que “sería deseable que estuviese en vigor lo antes posible porque nos ayuda, nos da mayor capacidad para argumentar las medidas que hay que poner en marcha y supone un cambio cualitativo por cuanto el Consejo de Gobierno adquiere esa capacidad de autoridad sanitaria que actualmente no posee”.
Así empieza el recorrido en la Junta, que en el mejor de los casos consumirá, según algunas fuentes, un mínimo de dos meses y para el que Fernández deseó ayer celeridad. “Que se tramite por la vía de urgencia y, si pudiese ser, por lectura única”. Como quiera que los plazos dependen del acuerdo que el texto sea capaz de obtener en los grupos parlamentarios, el titular de Salud da por cierto que en las reuniones que han mantenido “desde hace meses” con las fuerzas políticas “hemos sido muy sensibles a las cuestiones que nos han planteado. El borrador inicial ha cambiado mucho para que todas sensibilidades se vieran recogidas y esperamos que ante ese esfuerzo todos seamos también sensibles y consigamos que los cambios entren en vigor lo antes posible”.
