"Cada contrato pasaba por el filtro de los servicios jurídicos", ha afirmado esta mañana en el Juzgado de lo penal número 2 de Oviedo el exgerente de la sociedad mixta Sogepsa, Jose María Quirós, que se enfrenta a nueve años de inhabilitación para cargo o empleo público por dar contratos de informática a dos empresas por importe unos 800.000 euros. Quirós, defendido por Casilda Flórez, adujo además que informó de su comportamiento al Consejo de Administración, sin que se plantease pega alguna. Por otro lado, Quirós consideraba que, dada la especial naturaleza de Sogepsa, una sociedad participada por el Principado o los ayuntamientos, pero con unos fines de rendimiento económico propios de una empresa privada, no estaba sujeto a la ley de contratos públicos. "De haberse concluido que había que convocar un concurso para los contratos, se habría hecho sin ningún problema", dijo. Además, Quirós indicó que había hablado con la entonces directora de Informática del Principado, América Álvarez, quien, según él, le había sugerido la contratación del grupo al que dio los contratos a dedo. Álvarez, que declaró esta mañana como testigo, negó haber tenido esa conversación con Quirós. "No conozco de nada a este señor", aseguró ante la magistrada María Elena González.

Quirós indicó que solo le había movido la modernización de la empresa. Dijo haber llegado a Sogepsa en 2005, un año después de que la empresa mixta comenzase a tener problemas. Se encontró con una sociedad obsoleta en cuanto al uso de medios informáticos. Había un proyecto ya contratado, por ciento, sin concurso alguno, con un determinado grupo con sede en Lieres, pero Quirós lo descartó, porque lo que pretendía instalar era un sistema creado para la gestión de los Ayuntamientos, "que no tiene nada que ver con la gestión de promociones urbanísticas". Por eso se buscó a una de las mejores empresas del sector, y con presencia además en Asturias (concretamente en el Parque Tecnológico de Gijón), con el fin de minimizar el coste de la instalación del nuevo sistema.

También declaró la secretaria general técnica de Infraestructuras, que, cuando llegó al Consejo de Administración de Sogepsa, hizo informes sobre los contratos irregulares de la sociedad. Se hizo un lío entre los contratos objeto de este juicio, los de informática, y los del servicio jurídico, que se someten a escrutinio en otro juzgado, el penal número 3, y por los que le piden a Quirós otros nueve años de inhabilitación. Del servicio jurídico no había contratos, solo facturas. Sí figuraban los contratos de informática, pero no se habían pedido ofertas a otras empresas, como marca la ley de contratos público de 2008. "Eran contratos que superaban con creces el límite de los contratos menores, que no precisan de ampliar las ofertas", indicó.

El exsíndico de Cuentas del Principado, Antonio Arias, que fiscalizó las cuentas de Sogepsa en 2010, indicó que se trataba de "una sociedad anómala, peculiar, en cuyo Consejo están sentado los principales constructores de la región, un sector duro, no son precisamente obispos, son los principales tiburones de Asturias. Los resultados cuentan más que los principios de publicidad y libre concurrencia. Allí se vivía con modos de gestión privada. Cierto que la motivación de los contratos y los escritos trabajados en términos administrativos son algo menos urgente en un sector que debe trabajar con rapidez. Pero esa irregularidad no debería tener un reproche penal tal como para que se juzgue al gerente", explicó Arias. Cuando se produjo la fiscalización de Sogepsa había mucha presión en el parlamento y se temía que los controles se entendiesen como una agresión política". Para ver las cuentas, se puso como condición la confidencialidad, que no hubiese filtraciones a la prensa y que no se dañase la imagen de Sogepsa como "interlocutor honesto". Pero, sí, era ciertamente "era una irregularidad gorda, esos principios economicistas no deberían impedir que se publicasen sus compras y pedir ofertas para sus contratos".