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FADE y sindicatos acusan al Principado de “bloquear” la llegada a las empresas de los supervisores de igualdad

El Gobierno admite su pretensión de intervenir directamente en la aplicación de la figura, una opción “imposible” para patronal y trabajadores

Por la izquierda, Ana María Rodríguez, Leticia Bilbao y Carmen Escandón. | Efe

Por la izquierda, Ana María Rodríguez, Leticia Bilbao y Carmen Escandón. | Efe

La Federación Asturiana de Empresarios (FADE) y los sindicatos UGT y CCOO cuestionaron ayer muy seriamente el compromiso del Gobierno del Principado con la igualdad de derechos laborales entre hombres y mujeres y contra la perpetuación de la “hegemonía de la brecha salarial”. Al unísono, la patronal y los representantes de los trabajadores elevaron su protesta contra el Ejecutivo socialista, “autodenominado feminista”, por “paralizar” la puesta en funcionamiento de la figura de los agentes delegados de igualdad en las empresas, pactada en el acuerdo de concertación social suscrito en agosto de 2020 para ser ejecutada a partir de 2021 y embarrancada ahora en la actitud “inexplicable”, dicen, de la Administración regional.

En una comparecencia conjunta, la directora de desarrollo empresarial de FADE, Leticia Bilbao, y las responsables de igualdad de CCOO y UGT, Ana María Rodríguez y Carmen Escandón, respectivamente, manifestaron a tres voces su decepción ante la “sinrazón” del Ejecutivo autonómico, que “bloquea” la implantación de una “figura que sería pionera en el país”, afirma Rodríguez, y que ellos mismos pusieron sobre la mesa de la concertación social. Sería algo así como un cuerpo de inspección para supervisar la correcta implantación de los mecanismos de igualdad en las empresas y el obstáculo que ha puesto el Principado, “un muro” en la versión sindical, tiene que ver con su pretensión de incorporar a la Administración regional, a toda costa y “con voz y voto”, a la comisión de interpretación y aplicación del acuerdo. Esta intervención directa de la parte pública en el despliegue de los delegados se hace de todo punto “imposible” a los ojos de los agentes sociales y económicos, toda vez que la aplicación del acuerdo de la concertación se plantea con rango de convenio colectivo y un acuerdo de esta naturaleza “solo puede ser firmado por los representantes de las empresas y los trabajadores y solo ellos” deben formar parte de él, subraya Leticia Bilbao.

FADE y los sindicatos lamentan la cerrazón del Ejecutivo y la carta sin respuesta que enviaron a principios de este mes al presidente del Principado, pero ayer, en el mismo día de su denuncia pública obtuvieron una réplica de la directora general de Igualdad. En un comunicado, el Gobierno dice ser consciente de las “implicaciones legales” del planteamiento de la figura del agente de igualdad mediante un acuerdo con nivel de convenio colectivo y admite sus pretensiones advirtiendo de que su función no puede limitarse “a aportar fondos públicos, despreocupándose de su correcta ejecución. El Principado ha de procurar que los recursos destinados a la creación de los agentes contribuyan de la manera más efectiva posible al objetivo último, la igualdad en las empresas”, afirma.

El Gobierno invita al diálogo

La responsable del área en el Ejecutivo, Nuria Varela, invita a los responsables sindicales a profundizar en la búsqueda de un acuerdo dentro de una negociación que no está cerrada y que, de hecho, sigue mañana, en una reunión de la mesa de igualdad de la concertación a la que el Principado, anuncia, va a llevar una propuesta de resolución del problema. “Que hasta ahora no haya habido un acuerdo no puede interpretarse como bloqueo ni, mucho menos, como falta de interés del Gobierno”, precisan fuentes del Ejecutivo. “No hay mayor voluntad política”, apostilla Varela, “que el presupuesto y mi departamento cuenta con 174.000 euros para financiar la labor de cuatro agentes de igualdad desde el 1 de enero de este año”.

Mientras tanto, la patronal y los sindicatos tienen diseñada su fórmula de gestión. Han consensuado una alternativa que replica el modelo en funcionamiento de los delegados de prevención de riesgos laborales y han propuesto que el Gobierno supla su exclusión de la comisión de aplicación mediante su presencia en un “comité asesor” para el impulso de la figura del delegado de igualdad. De acuerdo con su sugerencia, habría dos equipos de profesionales, uno integrado por FADE y UGT y otro por la patronal y CCOO. Lamentan no haber recibido a su sugerencia ni una respuesta ni una explicación convincente después de “dar mil vueltas” y de exponer sus razones “por activa y por pasiva”. “Exigimos al Gobierno que acabe lo que ha empezado”, abunda Carmen Escandón, “porque las obras incumplidas para Asturias son más propias de otras épocas y de otros protagonistas políticos”.

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