El Principado dará a los nuevos funcionarios que superen los procesos de ofertas públicas de empleo (OPE) las plazas que lleven más de tres años ocupadas por interinos. Este es el criterio que trasladó la Dirección General de Función Pública a los sindicatos en la mesa general de negociación, que tuvo lugar el pasado viernes. Esta medida afecta de momento a, aproximadamente, medio millar de plazas, pero, de mantenerse en los procesos pendientes de poner en marcha, dejará en el aire miles de empleos cubiertos actualmente por interinos de larga duración en la Administración autonómica. Y aumentará la litigiosidad, ya que a los interinos afectados por los ceses no les quedará más salida que reclamar una indemnización por vía judicial.
La decisión de Función Pública de asignar a los nuevos funcionarios que toman posesión ahora las plazas ocupadas por interinos desde hace más de tres años supone un cambio de criterio, ya que hasta el momento se ofertaban primero las plazas vacantes. Ahora, en cambio, las vacantes sin interino no se van a ofertar, según confirmaron fuentes sindicales. El Principado justifica el cambio de criterio, que perjudica la continuidad de los interinos de larga duración –conocidos como “eterninos”–, en la necesidad de cumplir la sentencia de la Unión Europea que conmina a las administraciones públicas españolas a reducir la tasa de interinidad y a estabilizar las plazas con personal fijo, según confirmaron a LA NUEVA ESPAÑA las mismas fuentes.
El cese del interino de larga duración para dar esa plaza a un nuevo funcionario es el criterio que se va a aplicar a todas las tomas de posesión previstas de las OPE más recientes (en torno a medio millar) de auxiliares de enfermería, auxiliares administrativos, administrativos, ingenieros y psicólogos, previstas para este primer semestre. Este cambio de criterio, aún pendiente de ratificación oficial, ya está causando conmoción en el Principado, donde hay en torno a 14.000 interinos, entre las consejerías (Administración general), sanidad y educación. “Lo que se pretende a toda costa es ‘matar laboralmente’ a un grupo de empleados solo por el hecho de llevar tiempo trabajando, incluso en detrimento del servicio”, afirmó el sindicato CSIF-Asturias, cuyo presidente, Sergio Fernández Peña, atribuyó esta decisión “a un lobby de jefes de servicio que realmente mandan en la Administración del Principado más que el vicepresidente, Juan Cofiño”.
Aunque son mayoría los sindicatos que tienen muchas reservas sobre la exigencia de fijeza planteada desde la plataforma de interinos, CSIF reivindicaba ayer “un trato de dignidad a empleados públicos que llevan muchos años trabajando para el Principado”. Por su parte, José Luis González, coordinador de USIPA, reclamó la necesidad de “una norma estatal” porque es un problema que afecta al conjunto de las administraciones públicas del país.
EN CIFRAS
23.700 interinos en Asturias. Están repartidos en las distintas administraciones: el Principado, los ayuntamientos, Estado y la Universidad.
14.000 de los empleados temporales son del Principado. Hay desde administrativos a auxiliares de enfermería, muchos de ellos del ERA.
30% la tasa media de interinidad en las administraciones. Europa ha exigido reducir esta tasa como condición a las ayudas covid.
