Los centros de día adscritos a la red del ente público Establecimientos Residenciales para Ancianos (ERA), cerrados desde el estallido de la pandemia en marzo de 2020, han enfilado esta semana un lento retorno a la normalidad. La Administración reabrió anteayer el de Arriondas y la reanudación progresiva de la actividad llegará también próximamente a otros seis que, como el parragués, no comparten espacios –sobre todo entradas– con los geriátricos del ERA. Abrirán de entrada las instalaciones de El Mirador, en Tineo; el Nodo, en Avilés; Riaño, en Langreo; Naranco, en Oviedo, Laviana y Pravia. Los otros catorce centros, que sí tienen espacios comunes con las residencias, deberán esperar para retomar su funcionamiento al final del estado de alarma, programado para el 9 de mayo.
La consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Melania Álvarez, se acogió a las condiciones impuestas por la Consejería de Salud para explicar los periodos de cierre y al “contexto nuevo” que se abre con la “evolución y los efectos positivos de la vacunación” para trazar las condiciones de una reapertura escalonada y con restricciones. En la Junta, ante las inquietudes sobre la prolongación del cierre que le planteó el diputado de Ciudadanos Armando Fernández Bartolomé, Álvarez detalló las condiciones de una reanudación que en cumplimiento del “protocolo de actuación frente al covid en los servicios sociales” –en vigor desde el día 9– exige a cada centro “un plan de contingencia que detalle circuitos de entrada y salida diferenciados y medidas que garanticen el uso de espacios y personal independientes de los del centro residencial”.
Será posible suspender la actividad si la evolución epidemiológica lo aconseja y los usuarios volverán progresivamente y por fases, con las instalaciones inicialmente al treinta por ciento de ocupación, después al cincuenta y como máximo al 75, si bien aquellos centros “que amplíen su capacidad mediante el uso de otros espacios pueden llegar al cien por cien”, respetando las distancias de seguridad. Entre cada uno de esos periodos deberán transcurrir como mínimo quince días.
La Consejera hizo frente con esas explicaciones a las dudas que expuso el diputado de Ciudadanos, inquieto por las más de 400 familias usuarias de estas instalaciones. “Nos ha llamado la atención”, dijo Fernández Bartolomé, “que mientras los centros de día privados permanecían abiertos los públicos siguiesen cerrados incluso en momentos con niveles de vacunación importantes tanto de los profesionales de las residencias como de los usuarios. No lo entendemos”, remarcó.
El Principado mantuvo los centros de día cerrados por motivos de seguridad fundamentados en que comparten personal con las residencias de mayores y suscribió en otoño un acuerdo para derivar a centros privados las personas dependientes usuarias de sus instalaciones.
La oposición en la Junta, esta vez la diputada del PP Reyes Fernández Hurlé, requirió de la Consejera una reflexión sobre su plan de acción para transformar el modelo de atención a mayores, cuyo borrador sigue hasta el 14 de mayo en periodo de recopilación de aportaciones. Melania Álvarez invitó a asumir que el proceso “será largo y complejo y requerirá una inversión importante para afrontar los desafíos que tenemos por delante”. Volvió a hablar de la necesidad de “un cambio profundo” hacia un mayor protagonismo de la atención en el domicilio, pero “sin perder de vista el ámbito residencial” y emplazó a afrontar el proceso sin “caer en la trampa de diferenciar lo público de lo privado, teniendo en cuenta que si nuestra prioridad es atender a las personas independientemente de donde vivan, ahora mismo hay en total 12.000 y solo 2.500 residen en centros públicos”.
Llevada por el diputado de Podemos Rafael Palacios, que se interesó por los casos de supuesta vacunación irregular en las residencias de mayores –la concejala del PP de Cangas de Onís Marifé Gómez y el presidente del Montepío de la Minería, Juan José Pulgar–, Álvarez inhibió a su departamento, asegurando que esas dos denuncias, remitidas a su Consejería, “se trasladaron a la Dirección General de Salud Pública porque carecemos de competencias en el proceso de vacunación”.
