Las Cámaras Oficiales de Comercio de Asturias mantienen su predisposición a colaborar con el Principado en la tramitación de los fondos europeos “bajo la potestad pública, que es única y exclusivamente de los funcionarios”, según precisaron ayer a LA NUEVA ESPAÑA fuentes camerales. Es su respuesta a la posición del Ejecutivo regional, que agradeció el ofrecimiento de las Cámaras de Comercio de Oviedo, Gijón y Avilés pero recalcó que la labor de contratación pública, que es donde se plantean los problemas, está reservada a los funcionarios”.
La consejera de Hacienda, Ana Cárcaba, advirtió días atrás de la necesidad de personal en el Principado para afrontar con la agilidad necesaria la gestión de los fondos europeos debido, sobre todo, a las rigideces para mover personal de unas secciones a otras. Ante la advertencia sobre esta carencia, que obligaría a la Administración autonómica a contratar más personal, las Cámaras de Comercio ofrecieron su apoyo. “La solución que se propone desde las Cámaras es colaborativa y serviría para transferir conocimientos en aras de la eficacia”, apuntaron fuentes de las Cámaras, que acotaron su cometido: “Evidentemente, la potestad pública es única y exclusivamente de funcionarios, como no puede ser de otra manera, pero esto no impide que la tramitación y la carga de trabajo la hagan otras personas que no lo son, en este caso las Cámaras de Comercio”, matizaron las mismas fuentes, que indicaron que la opción contemplada por el Principado “de hacer contrataciones laborales externas es similar, ya que estos serán supervisados por los funcionarios”.
“Con nuestra propuesta, la potestad pública no se tocaría, ya que las Cámaras serían servidoras de la Administración. Esta colaboración es para que la Administración aproveche a entidades que ya gestionan fondos europeos desde hace tiempo, por lo tanto, con experiencia contrastada y con capilaridad en las empresas”, abundaron en fuentes próximas a las Cámaras de Comercio de la región.
