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El terremoto generado por la instrucción del Principado que pone en peligro a miles de interinos: “Practican el acoso y derribo”

La oposición recuerda que la Junta aprobó una iniciativa en la que se pedía mantener en sus puestos al personal temporal de larga duración

Caravana de interinos, en una de sus movilizaciones en Oviedo. | L Murias

Caravana de interinos, en una de sus movilizaciones en Oviedo. | L Murias

La plataforma de interinos acusa al Principado de ser la administración “más hostil, porque practica el acoso y derribo” en el tratamiento a los empleados públicos en fraude de ley, que llevan encadenando contratos temporales 15, 20 y hasta 30 años. El colectivo mostró ayer su indignación y rechazo a los planes de la dirección general de Función Pública, que piensa cambiar el criterio en la adjudicación de plazas a las nuevos funcionarios, dándoles los puestos que estén cubiertos por interinos desde hace más de tres años. El sindicato nacional de los trabajadores temporales de la administración (SINTTA) sostiene que otras autonomías como Canarias, Andalucía y Cantabria buscan fórmulas que garanticen la continuidad de ese personal.

Antonio Navarro, profesor interino desde hace 18 años en Asturias y presidente del SINTTA, valoró ayer negativamente los planes que Función Pública ha trasladado a los sindicatos en la mesa general de negociación sobre el criterio que piensa seguir en las tomas de posesión de nuevos funcionarios y laborales, previstas para los próximos meses: ofertará todas las plazas que lleven más de tres años ocupadas por temporales y las vacantes sin interino no se van a ofertar. “Lejos de dar un paso adelante y tratar a su personal como debería, el Principado practica la fórmula más descarnada de acoso y derribo a los interinos longevos para directamente expulsarlos de las plantillas. Es una administración más dura y hostil que otras comunidades autónomas”, denuncia Navarro. El colectivo pidió la paralización de las ofertas de empleo para evitar una sustitución sistemática de nuevos funcionarios por interinos o, alternativamente, planteó que se dejen fuera de esos procesos las plazas ocupadas por personal temporal de larga duración.

El Principado justificó su cambio de criterio, que perjudica la continuidad de los interinos de larga duración, en el cumplimiento de la sentencia de la Unión Europea que insta a reducir la tasa de interinidad y estabilizar su empleo con personal fijo, un argumento que resulta especialmente molesto para Navarro. “Esa sentencia sanciona el abuso de la contratación temporal por parte de las administraciones públicas y lo califica de fraude de ley. El Principado la utiliza con otros fines”, cuestionó el presidente del SINTTA.

Los planes del Principado para cesar a los interinos de larga duración contrastan con el apoyo que dio el parlamento asturiano el pasado 24 de marzo, cuando aprobó una iniciativa para regularizar a los interinos. La mayoría de partidos mantuvieron ayer ese respaldo. El PP calificó de “provocación y acto suicida” la estrategia del Gobierno regional. “Nos dijeron que esperaban que la solución viniese de Madrid, y sin embargo sí han actuado para meterse de lleno en un ajuste de cuentas con quien lleva esperando soluciones desde hace años”, afirmó el diputado popular Pablo González.

Luis Fanjul (Cs) admitió la complejidad de este problema pero entiende que “la solución de la interinidad debe ser abordado desde una óptica nacional”. Ricardo Menéndez Salmón calificó de “sorprendente” que cuando se comienza a perfilar una solución por parte del ministro Miquel Iceta “aquí el consejero Cofiño emprenda la vía contraria”. También Ángela Vallina (IU) ya pidió en el debate celebrado en la Junta “una solución global”, además de reclamar que se mantuviera en sus puestos a los empleados públicos en abuso de la temporalidad. Adrián Pumares (Foro) tildó de “vergüenza la alta interinidad, especialmente en servicios básicos como la educación”, mientras que Ignacio Blanco (Vox) concluyó ayer que la propuesta del Gobierno “no se ajusta a lo referido en la sentencia europea” y defendió que “deberían articularse mecanismos para que estos trabajadores de la función pública que llevan tantos años prestando servicios no se vean expulsados sin más de sus puestos de trabajo”. El PSOE no se pronunció.

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