El juicio por prevaricación contra el exgerente de Sogepsa, José María Quirós, quedó ayer visto para sentencia después de que el ministerio público mantuviese su petición de condena de nueve años de inhabilitación para cargo o empleo público. El fiscal Alberto Rodríguez indicó que “Sogepsa no es una mercantil privada, sino una sociedad mixta en la que es aplicable la normativa de contratos públicos”. A Quirós le imputan haber realizado contratos de informática por importe de unos 800.000 euros sin que se requiriesen ofertas y se aplicasen los principios de publicidad y libre concurrencia. La defensa, a cargo de la letrada Casilda Flórez, repuso por su parte que “Sogepsa era una sociedad mixta regida como una sociedad anónima”, por lo que no debía contratar como una administración pública sino como una sociedad de capital más. Quirós, añadió, fue contratado con la intención de aplicar principios de economía de mercado a la gestión, y por tanto “no puede equiparársele a un funcionario de la Administración”.
En la segunda y última jornada de este juicio declararon ante la magistrada María Elena González, titular del Juzgado de lo penal número 2 de Oviedo, el jefe de los servicios jurídicos de Sogepsa, Rafael González del Santo (condenado en su día, como recordó el fiscal, por intrusismo, esto es, por haber ejercido como abogado sin serlo), que trató de explicar por qué motivo Sogepsa no debería haber contratado como una administración pública. No debe perderse de vista que Quirós declaró que había actuado en todo momento siguiendo el consejo de sus servicios jurídicos. A preguntas de la defensa, González del Santo indicó que Sogepsa estaba obligada a licitar solo los contratos de obra; esto es, la mayoría, pero no el resto. Justificó la contratación a dedo de Accenture para dotar a la sociedad mixta de un nuevo sistema de gestión informática porque era la mejor forma de garantizar la confidencialidad al ser la empresa más preparada para desarrollar el proyecto. “No cabía en cabeza humana que saliese a concurso”, dijo. González del Santo defendió la falta de concurrencia por el hecho de que Sogepsa no era un poder adjudicador. Y estimó que Sogepsa debía regirse por la ley de Sociedades de Capital, antes que la ley de Contratos Públicos. González del Peso explicó que todo el problema vino por la presión en la Junta. “Era una guerra continua. Cada vez que interpelaban a la consejera en la Junta, nos pedían documentación”, indicó.
Ayer también declararon dos miembros del Consejo de Administración de Sogepsa en la época, la exalcaldesa de Gijón, Paz Fernández Felgueroso, y el vicepresidente de la patronal de la construcción, Ignacio Núñez Rodríguez-Arango, director general de la constructora Los Álamos. Los dos justificaron el método utilizado para hacer para contratar a Accenture. “No era una empresa del Principado. Si accedimos a que la sindicatura fiscalizase la sociedad fue para evitar un daño a la imagen pública, no porque estuviésemos de acuerdo”, dijo Fernández Felgueroso. “No observamos nada que nos llevase a pensar que hubiese algo no acorde a la ley”, añadió la exalcaldesa. Núñez Rodríguez-Arango convino en lo mismo y añadió que Sogepsa funcionaba como cualquier otra gestora de suelo privada, como Los Álamos. “No había razón para decisiones ilegales, para hacerlo mal a sabiendas, salvo que hubiese intereses espurios”, sentenció.
De haberlos habido, dijo el fiscal, Quirós habría sido acusado de malversación o negociaciones ilegales. Para él, “se ha incurrido en prevaricación continuada de forma consciente”. La defensa apeló a la Sindicatura, en su opinión causante del desaguisado: “El síndico Antonio Arias dijo que Sogepsa venía ‘operando como un particular’. Por tanto no ha habido ninguna vulneración y menos deliberada”. Y añadió que “Quirós ha sido injustamente traído a este procedimiento y eso le ha causado un gran perjuicio personal.”
