El Principado se ve obligado a hacer fijos, por sentencia, a músicos interinos de la Orquesta Sinfónica del Principado (OSPA) que tengan al menos tres años de antigüedad mientras planea cesar a cientos de trabajadores temporales veteranos en otros sectores de la Administración autonómica. El fallo judicial no resulta extrapolable al resto de interinos autonómicos, pero genera una situación de "agravio comparativo" con personal en situación de abuso de contratación temporal de distintos ámbitos, ligado laboralmente al Principado desde hace 15, 20 o 30 años, y cuyo puesto de trabajo peligra ahora, cuando empiecen a tomar posesión a partir de mayo los nuevos funcionarios y laborales de las oposiciones celebradas en el último año.
La administración regional se encontró con la sorpresa de que tendría que hacer fijos a músicos de la OSPA el pasado verano, cuando una componente de la formación presentó un recurso para poder aspirar a una de las plazas de instrumentista principal mediante una promoción interna de la que había sido excluida. La consejería de Presidencia había rechazado esa solicitud con el argumento de que quien pedía el acceso a la promoción interna tenía la condición de personal indefinido no fijo, una situación en la que no se puede optar a esa mejora, reservada solo para el personal fijo de la Administración.
En cambio, la aspirante alegó que tenía reconocida la condición de profesora titular con relación indefinida con la OSPA por una sentencia del año 2018. Y esgrimió como principal prueba el convenio colectivo de la orquesta autonómica, que prevé dos vías de acceso para el puesto fijo de profesor o profesora titular: la primera, mediante procesos de oposición o concurso oposición, con garantía de los principios de igualdad, publicidad, mérito y capacidad, “según establece la normativa vigente para los trabajadores de la Administración pública”; y la segunda, llevar tres años contratado sin denuncia de la OSPA, o “haber sido contratado tras un proceso selectivo para cubrir temporalmente plazas por interinidad”, por un plazo máximo de tres años, sin que tampoco se denunciase dicha relación laboral. El juzgado Contencioso-Administrativo número 1 de Oviedo acabó resolviendo que la solicitante se encontraba en este supuesto al “haber trabajado como profesor o profesora instrumentista interino para la OSPA durante un período igual o superior a 3 años”.
Según pudo saber LA NUEVA ESPAÑA, hay al menos otras dos sentencias similares y un grupo de trece músicos aspiran a un reconocimiento análogo, de fijos de la OSPA sin tener que pasar una oposición. Esta sentencia no resulta extrapolable al conjunto de los interinos con una prolongada vinculación laboral al Principado –desde hace 15, 20 o incluso más de 30 años, los llamados “eterninos”– precisamente porque se basa en el convenio colectivo que rige en la OSPA y que establece el acceso a la condición de profesor titular si se ha trabajado como interino un mínimo de tres años.
Pero genera un “agravio comparativo” con los temporales que empezarán a ser cesados el próximo mes de mayo en otros ámbitos del Principado para que esas plazas sean ocupadas por los nuevos funcionarios, según advirtió ayer el coordinador del sindicato USIPA, José Luis González. “Mientras unos interinos van a entrar como fijos con tres años, otros que llevan décadas trabajando pueden ser cesados en semanas. Esa diferencia de trato en la misma Administración, aunque se trate de sectores muy diferentes, no resulta comprensible sobre todo para los afectados, que ven un agravio comparativo evidente”, comentó González.
La dirección de Función Pública tiene previsto ofertar a los nuevos funcionarios todas las plazas que lleven más de 3 años ocupadas por interinos y, además, no piensa sacar las vacantes sin interino, en lo que supone un cambio de criterio, como adelantó LA NUEVA ESPAÑA el martes. El Principado justifica esta medida en el cumplimiento de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que emplaza a España a reducir la contratación temporal en la Administración y también por la Ley de Presupuestos. “Llevamos tiempo reclamando una solución nacional a un problema que creó el Estado, que ahora se lava las manos. Al sindicato están llegando empleados públicos con situaciones dramáticas porque se ven abocados a un cese inmediato”, concluyó el coordinador de USIPA.
La indefinición del Estado deja sin cobertura legal a las autonomías para fijar su estrategia
La indefinición del Estado sobre la fórmula para atajar la contratación temporal y dar una solución legal a los interinos de larga duración, los llamados “eterninos”, deja sin cobertura legal a las comunidades autónomas que durante décadas tiraron de ese tipo de contratación porque, bien salía más barata o resultaba más dócil o manejable por los políticos de turno. El Gobierno canario ha sido el primero en anunciar que tirará hacia adelante, independientemente de que el Estado mueva ficha. El consejero de Administraciones Públicas canario, Julio Pérez, explicó ayer en su parlamento que de no alcanzarse un acuerdo, ese problema podría llegar a “paralizar al Gobierno”, por lo que era necesario buscar mecanismos para asegurar la continuidad de más de 3.000 interinos. Tendrá que hilar fino porque el Constitucional ha tumbado una disposición de la ley vasca de policía local que creaba oposiciones reservadas a policías interinos con 8 años o más de antigüedad.
Diez plataformas de temporales trasladan sus quejas ante la Comisión Europea
Los representantes de diez plataformas de trabajadores públicos temporales de España, entre las que hay una de Asturias, se reunieron el pasado martes con la jefa de la representación de la Comisión Europea en España, María Ángeles Benítez Sala, para trasladarle sus quejas por el incumplimiento de la directiva europea sobre la temporalidad por parte del ministro Miquel Iceta, así como sus principales reivindicaciones. Los colectivos de interinos entregaron un informe sobre “El abuso de la temporalidad en la Función Pública del Reino de España” para que traslade a Europa la situación en la que se encuentran más de 800.000 trabajadores públicos, de los que 23.700 corresponden a Asturias. En la reunión, que fue telemática, denunciaron el incumplimiento de la transposición de la directiva 1999/70/CE así como la no aplicación de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea por parte del Gobierno español. Las asociaciones de interinos alertaron a la máxima representante de la Comisión Europea en España de que “las reformas legales en marcha en esa materia relajen todavía más los controles de legalidad de la contratación de empleados públicos temporales, sustrayéndolos del amparo del Derecho de la Unión Europea, como ya ocurre con los procesos de desestabilización”. También responsabilizaron al ministro de Administraciones Públicas, Miquel Iceta, de esta situación y dieron un tirón de orejas a la Unión Europea porque “no tenemos información alguna sobre los procedimientos de investigación abiertos”.
