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El Principado lanza un guiño a los interinos para que mantengan su empleo y Canarias paraliza su plan de hacerlos fijos

El Gobierno regional contextualiza “la imprescindible reducción de la temporalidad” en la reforma que tiene en marcha de su Administración

Edificio de las consejerías del Principado.

Edificio de las consejerías del Principado.

El Gobierno autonómico estudia dar más valor a la experiencia y méritos del personal interino para compensar los abusos de temporalidad en los futuros procesos de oposiciones. El anuncio de esta declaración de intenciones lo realizó ayer la portavoz del Principado, Melania Álvarez, al ser preguntada por los criterios que ha comunicado Función Pública a los sindicatos sobre las plazas que se ofrecerán a los nuevos funcionarios, y que serán solo las que están ocupadas por interinos desde hace más de tres años. El Ejecutivo regional contextualiza “la imprescindible reducción de la interinidad” en la reforma de la Administración asturiana encargada al vicepresidente Juan Cofiño.

“El Gobierno asturiano está considerando aumentar la ponderación de los méritos en los procesos selectivos de concurso-oposición, de tal forma que se valoren en mayor medida los servicios prestados por estos interinos a la Administración, siempre que se cumplan los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad”, reveló la portavoz del Ejecutivo autonómico en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

“Se trata de dar más peso a la experiencia en la Administración a la hora de obtener una plaza de funcionario de carrera”, confirmó la consejera Melania Álvarez.

La compensación al personal interino de dar una mayor valoración a la experiencia de los interinos en los procesos de oposición es una fórmula que días atrás habían planteado al Principado dos de los tres sindicatos mayoritarios, UGT y CSIF, que en 2018 firmaron el acuerdo de estabilidad suscrito con el Gobierno central, concretamente con el ministro Cristóbal Montoro. Estos dos sindicatos trasladaron dicha iniciativa ante el cese que se avecina para numerosos interinos de larga duración de la administración autonómica, que serán sustituidos por los nuevos funcionarios y laborales que, en algunos casos, llevan esperando dos años para tomar posesión de su empleo público desde que superaron la oposición. De hecho, el sindicato CSIF planteó que la experiencia de los trabajadores temporales y la formación recibida durante el tiempo que han prestado servicios al Principado tuviera un peso de hasta el 50 por ciento en la fase de oposición, un criterio ya establecido en la antigua ley de Función Pública autonómica del año 1985, en vez del 25 por ciento por el que se han decantado en los últimos procesos. UGT, por su parte, apostó por que se resolviera el concurso de méritos antes que el de traslados para que el personal cesado pudiera optar a los puestos base que quedasen vacantes.

El peso de los méritos y la experiencia

  1. Un 25% en el tercer examen. En las últimas oposiciones, los interinos vieron valorada su experiencia en un 25% y tuvieron que llegar el tercer examen, tras dos eliminatorios.
  2. Hasta un 50%, como en sanidad. CSIF plantea que la experiencia y formación cuente un 50% desde el primer examen, como en la sanidad.

CSIF, además, también ha propuesto que la experiencia del personal interino que ahora será objeto de cese o despido sea tenida en cuenta para la elaboración de la nueva bolsa, necesaria para cubrir las suplencias por jubilación o bajas de diversa naturaleza, una valoración que ahora no está prevista.

El Gobierno asturiano, según se desprende del anuncio realizado ayer por su portavoz, Melania Álvarez, está dispuesto a revisar al alza el peso de la experiencia de los interinos en su política de reforma de la Administración, una de cuyas prioridades es “la rebaja de una altísima tasa de temporalidad inaceptable”. En cambio, los colectivos de interinos de larga duración de Asturias y del resto del país aspiran a la fijeza de su puesto, piden que se saquen sus puestos de las oposiciones y rechazan canjear los derechos que entienden reconocidos por directivas y sentencias de la Unión Europea a cambio de supuestas ventajas para seguir como personal temporal.

La consejera portavoz del Principado calificó de “perfectamente compatible arbitrar una solución nacional, que pasa por la reforma del artículo 10 del Estatuto Básico del Empleado Público, indispensable para superar esta situación, con avanzar en Asturias en la reducción de la temporalidad y la consolidación del empleo público”. Melania Álvarez abundó en que el Gobierno regional tiene en marcha “una ambiciosa reforma de la Administración autonómica”, de la mano del vicepresidente Juan Cofiño, quien semanas atrás había defendido ante los grupos de la oposición que la salida al atolladero del abuso de la interinidad debía darse en un marco nacional, ya que se trata de un problema que afecta al conjunto de las Administraciones públicas.

Situación en otras autonomías

  1. Marcha atrás en Canarias. El Gobierno insular anula la firma del acuerdo para hacer fijos a 3.000 interinos justo antes del acto.
  2. En Andalucía, unanimidad. Todos los partidos de la Diputación de Sevilla pactan una moción para “retrotraer” las oposiciones si se cambia la ley nacional. 
  3. Aragón. El colectivo cuestiona al secretario de Estado que la solución sea el concurso de méritos pero ve frutos en la movilización. 

La portavoz del Principado garantizó que las medidas en Asturias se adoptarán “con respeto absoluto a la numerosa legislación vigente” aunque reconoció que se trata de “un asunto de naturaleza compleja” y justificó que los ceses para dar cabida a los nuevos funcionarios afecten a los interinos con una vinculación superior a los tres años. “Este criterio no es arbitrario (...) es un plazo inserto en la práctica administrativa y en la jurisprudencia” nacional y europea, planteó Melania Álvarez. Una valoración rechazada de plano por el colectivo de funcionarios “Conceyu por otra Función Pública en Asturias”, que cuestionó que no se incluya el ofrecimiento de plazas vacantes al personal de nuevo ingreso en los nuevos criterios que, a su juicio, son “un documento carente del mínimo valor normativo, y que nadie se atreve a firmar”. Este colectivo también dijo que “debería sacar los colores a los gestores de la Función Pública la existencia de opositores aprobados hace años que aún están pendientes de toma de posesión”.

La inseguridad jurídica en la complejidad de conciliar los derechos de los interinos de larga duración españoles, que ya han elevado a Bruselas sus quejas, con la salvaguarda de los derechos de los nuevos funcionarios y las legítimas aspiraciones de los opositores tuvieron ayer reflejo en la decisión del Gobierno canario de paralizar in extremis el acuerdo para hacer fijos a 3.000 trabajadores temporales hasta su jubilación. Los interinos canarios culparon de esta maniobra de última hora a Miquel Iceta, el ministro de Política Territorial y Función Pública de España. El Ejecutivo canario había anunciado que no iba a esperar a la solución que pudiera arbitrar el Gobierno central tras afirmar que no podían sacar adelante la gestión del día a día sin el personal temporal.

Los interinos en fraude de ley están movilizados en todo el país. Los de Aragón aprovecharon la visita del secretario de Estado de Función Pública, Víctor Francos, a Zaragoza para plantearle que el concurso de méritos no es “la solución óptima” para acabar con el abuso de la temporalidad. Mientras, en Sevilla, el pleno de la Diputación aprobó por unanimidad retrotraer las oposiciones si se cambia la norma estatal.

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