Encarnación Vicente Suárez (Avilés, 1969) es viceconsejera de Justicia y encargada de lidiar con los graves problemas informáticos que tienen en tensión y profundo malestar a magistrados, letrados de Justicia (antiguos secretarios judiciales), funcionarios, abogados, y procuradores. En esta entrevista anuncia las inversiones previstas por el Principado en el sistema informático de la Justicia asturiana, que no se habían concretado cuando esta semana mantuvo una reunión de urgencia con la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) junto con la Consejera de Presidencia, Rita Camblor, y el director general de Seguridad y Estrategia Digital, Javier Fernández.
–El presidente del TSJA, Jesús Chamorro, fue contundente al trasladar el malestar de los magistrados con el mal funcionamiento del sistema informático.
–El problema existe y éramos conscientes de lo que ocurría. Pero los problemas importantes surgieron a partir de enero, y la reunión era para plantearles ya las soluciones en las que llevamos trabajando desde el primer momento.
–Antes ya había problemas.
–Empezamos con la implantación del expediente judicial electrónico en noviembre de 2019, fue poco a poco porque iba por fases, tuvimos que hacer un parón en marzo de 2020 por la pandemia, y lo retomamos en el verano. Hubo incidencias puntuales, pero nadie planteó problemas importantes. Los magistrados reconocieron que los problemas se agudizaron a partir del mes de enero.
–¿Qué pasó en enero?
–Pueden influir muchos factores. Coincidió con que se terminó la implantación del expediente electrónico incluyendo a la Fiscalía, que ahora hay muchas más herramientas informáticas derivadas del expediente electrónico, el Ministerio de Justicia hizo mejoras y se incorporaron más aplicaciones y se utilizan mucho más porque hay muchos más usuarios. Y sí que es verdad que lo que más nos preocupaba, la firma electrónica, se notó en todo el Principado. La Dirección General de Estrategia Digital, que es la que lleva la parte informática, empezó a detectarlo. Se caía el sistema, se recuperaba, a lo mejor podíamos pensar que durante una hora no se podía firmar.
–Que funcione bien la firma electrónica es fundamental en el sistema judicial.
–Sí, el volumen de firma electrónica en Justicia es de 7.000 diarias. Son muchas para una comunidad tan pequeña, y de hecho en el Ministerio nos trasladan que están asombrados. Si se firma tanto, y falla, es un trastorno. Se detectó y la Dirección General de Estrategia Digital lo solventaba, pero periódicamente volvía a fallar.
–Bien, pero hasta los ordenadores son antiguos. ¿Por qué no se cambiaron desde hace años teniendo en cuenta la implantación de la justicia digital?
–En 2019 se empezó a implantar el expediente electrónico y el Ministerio de Justicia, con el que firmamos un convenio para la cesión del uso de sus aplicaciones, nos pasó una lista larguísima de requisitos técnicos previos que teníamos que cumplir para que funcionara. Se cumplieron todos. Por ejemplo, se utilizaba el sistema operativo Windows XP y nos exigían el Windows 7 y se cambió, además de potenciar la capacidad de los servidores, y se compraron nuevos servidores, la doble pantalla en el equipamiento del puesto de trabajo.... Pasado el tiempo, el Ministerio mejoró las aplicaciones, implantó más funcionalidades, hay más usuarios. Esto sí puede explicar un poco por qué se detectan ahora estos fallos masivos.
–El presidente del TSJA afirmó que aún falta mucho para que la implantación del expediente digital sea una realidad.
–Entiendo a qué se refiere. Una cosa es que hayamos puesto aplicaciones a disposición para el uso y formación de un expediente completamente electrónico, y otra cosa es que esta es una etapa que requiere implantación y luego fase de estabilización de todo el sistema. El papel no puede desaparecer desde el minuto cero porque hay expedientes en papel y aún quedan cuestiones que mejorar por parte del Ministerio. Todo esto se verá en un, espero, corto plazo de tiempo.
–¿El Principado va a invertir en la renovación de equipos?
–Está prevista una inversión plurianual, que puede aumentar en función de otras necesidades que se puedan ir detectando. Son 3,7 millones de euros. En el caso de los ordenadores portátiles que sustituirán a los equipos tradicionales de prácticamente toda la plantilla (casi 1.500 personas), se hará entre este año y el que viene. Se empezará en este mes de mayo, y se estiman para este ejercicio unos 927.000 euros. Se calcula que en el primer trimestre del año que viene pudieran estar todos renovados. Esta es la parte más evidente.
–¿Algo más?
–Hay otra inversión a más largo plazo, a 60 meses, que es toda la renovación de los equipos de impresión. Solo eso son 1,7 millones, pero no será solo Justicia, sino para el conjunto del Principado. En la administración de Justicia, la renovación de los equipos de impresión también comenzará en mayo, con un presupuesto de 650.000 euros en dos años. Pero no son solo los equipos multifunción, sino también las unidades individuales que tienen en sus despachos los magistrados, letrados de Justicia y fiscales, y que suponen 150.000 euros este ejercicio. Se comprometió también en esa reunión pantallas grandes para las salas de vistas, para poder exhibir en ellas la documentación del expediente electrónico, que ahora se lleva en papel. También este año con 65.000 euros.
–Los jueces reclaman formación y acompañamiento para adaptarse a los nuevos sistemas.
–El contrato para el servicio de soporte y formación para las aplicaciones de Justicia, tanto de órganos judiciales como de Fiscalía, ya está adjudicado y en marcha desde enero. Para este año son 160.000 euros. Es un contrato a dos años y prorrogable. Hay especialistas que preparan un plan de acompañamiento y formación a todos los órganos judiciales que incluye la atención a demanda ante necesidades concretas. El contrato está desde enero, pero cuando se formalizó había que formar en Fiscalía porque estábamos con la implantación y su estabilización. Terminamos en marzo, en Gijón, y entonces se empezó a planificar el soporte presencial. Ahora mismo hay en seis órganos judiciales, de martes a viernes, una persona de manera permanente en los juzgados, resolviendo dudas, pero también recabando información. Es una primera aproximación para hacer el calendario para el resto de órganos judiciales.
–La Consejera anunció que Asturias recibirá 800.000 euros de fondos europeos este año.
–La distribución se aprobó el viernes. Ahora cada comunidad decide en qué va a invertir, siempre dentro de una serie de proyectos que el Ministerio quiere poner en marcha y que son, fundamentalmente, modernización tecnológica y proyectos a largo plazo para facilitar desde juicios totalmente telemáticos hasta que un ciudadano pueda realizar trámites. Este primer año los plazos son muy ajustados, por eso se decidió que se destinará a la renovación de los sistemas de grabación de vistas en 15 partidos judiciales (Oviedo, Gijón y Avilés ya los tienen), para permitir videoconferencias con mayor garantía y seguridad, y mejor captación del sonido. Además, esas grabaciones se integrarán en el expediente digital automáticamente.
–Llegarán más fondos en los próximos dos años. ¿A qué se destinarán?
–En el segundo semestre de este año hay que definir cuánto dinero llegará a cada comunidad autónoma y a qué proyectos nos vamos a dedicar de manera prioritaria.
–Los jueces y fiscales critican que las inversiones del Principado en justicia son exiguas.
–Creo que se dará un impulso importante con los fondos europeos y la inversión que haga el Principado, que podría aumentar en un momento determinado.
–Usted dibuja un panorama por el que en principio no parece que haya motivos para que toda la administración de esté tan enfadada. ¿Quizás es que se invierte poco y se tarda mucho?
–Entiendo que están enfadados y molestos, pero es por lo que ha pasado estos meses. Si esto se detecta antes, no esperamos un año para solucionarlo. Creo que no podía haber ido más rápido porque los trámites hay que cumplirlos. Este viernes, en la Conferencia Sectorial todo el mundo pedía el ingreso rápido de los fondos europeos para realizar licitaciones, porque se van los plazos en los trámites que hay que hacer.
–¿Paciencia con la burocracia?
–La Consejera, el director general y yo pedimos disculpas, pero las actuaciones por nuestra parte se inician desde el primer momento que tuvimos constancia de que era un problema un poco masivo. Pero en algunas cosas no se puede correr más, también por capacidad del servicio de informática, que atiende a todo el Principado, y que ahora va a dedicar tiempo a Justicia por sus requerimientos especiales.
–Se han tenido que suspender juicios porque las videoconferencias no funcionan.
–Las videoconferencias no son un problema del Principado, sino de los distintos sistemas que hay en las comunidades autónomas y que hace que sean incompatibles. Lo trasladamos al Ministerio de Justicia y hace un mes planteamos que haya protocolos estandarizados de cómo hay que hacer y que nunca falle. Otro problema es que Instituciones Penitenciarias tiene un problema de equipos obsoletos, admitido por ellos.
–La Consejera de Presidencia dijo que no hay dinero para la nueva Ciudad de la Justicia.
– La unificación de las sedes judiciales en Oviedo es uno de los asuntos prioritarios porque somos conscientes de lo que supone tener seis sedes diferentes. Pero la solución es muy complicada y presupuestariamente será la inversión más grande que se haga en Justicia. Nos comprometimos a encontrar la ubicación definitiva y a presentar el proyecto en esta legislatura. Esto es importantísimo, y queremos escuchar a quienes van a ser sus principales usuarios. Le hemos pedido al Colegio de Arquitectos un estudio integral de todas las sedes judiciales de Asturias, pero con especial hincapié en Oviedo.
–Habían anunciado la constitución de un grupo de trabajo que nunca llegó a reunirse. ¿Cuándo se reunirá?
–El año pasado fue de parón por el covid, porque llegó a estar convocada una y se anuló. Ahora le quisimos dar un tiempo al nuevo equipo rectoral, y en mayo se debe reunir al grupo y que cada uno dé su opinión y por qué la justifica. Y además un proyecto de estas características, y teniendo en cuenta las reformas legislativas, con una que afecta a la organización judicial, hay que tenerlo en cuenta para redactar el proyecto y decidir la organización del edificio.
