En dos semanas el discurso de la consejera de Educación en torno a la atención a la diversidad ha dado un giro sorprendente. Carmen Suárez anunció ayer, en la Junta General del Principado, que no solo “no recurrirán” la sentencia del TSJA que condena al Gobierno autonómico por actuar contra la educación inclusiva, sino que el fallo “ya está ejecutado”. La familia del alumno ovetense con trastorno del espectro autista (TEA) que demandó ha recuperado, según la versión de Consejería, los apoyos intensivos que había perdido este curso: cinco horas semanales de pedagogía terapéutica (PT) y otras cinco de audición y lenguaje (AL). Suárez avanzó que tendrán en cuenta “las consideraciones del tribunal” en la circular del próximo curso, aunque puntualizó que “el estudio de un caso puede ser ejemplificante, pero no es el total”.
Pese al cambio de postura de la Consejería, su titular insistió una vez más –aunque no de forma explícita– en que los alumnos con discapacidad están bien atendidos con los recursos que hay, al contrario de lo que afirmaron familias y especialistas en este periódico. Aclaró en un par de ocasiones que han dotado de efectivos al centro de la sentencia –en realidad, medio efectivo– “no porque no los tenga, sino porque en este momento no queremos romper los horarios”.
En respuesta a una pregunta formulada por la diputada de IU Ángela Vallina, la titular de Educación aseguró que no recurrirían la sentencia, algo que estaban estudiando, pues “entendemos que debemos ponernos a trabajar para mejorar esa situación”. “Y la sentencia –apostilló– ya está ejecutada”. “Se ha hablado con la familia, con el equipo directivo y el servicio de inspección, y en una reunión conjunta determinamos que daríamos efectivos al centro. Pero no porque no los tenga, sino porque en este momento debería modificar sus horarios y ajustar su propuesta organizativa a otras condiciones”, explicó Suárez. “Para no modificar todo eso y generar más incertidumbre, más conflicto o más situaciones no queridas, se le ha asignado medio efectivo”, añadió.
Cambio de modelo
Al contrario de lo que opinó Ángela Vallina, la Consejera manifestó otra vez que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias “anula una parte de la circular” de inicio de curso, pero “no toda; en concreto, en lo que ataña a las instrucciones de la previsión impugnada”. En este sentido, Carmen Suárez defendió su modelo de inclusión frente al expresado por los jueces en la sentencia. El tribunal señala que el Principado, coincidiendo con un curso marcado por la pandemia, incluyó en las instrucciones generales un giro con respecto a lo que era habitual. Es decir, en lugar de dar una atención individualizada, se optó por primera vez por una “atención grupal y por aula en función de los medios y recursos disponibles en cada centro”, lo cual “no responde a las exigencias legales y necesidades concretas de apoyo de cada alumno”, dicen los jueces.
Suárez discrepa: “La atención se puede dar dentro del aula y fuera. Eso no es excluyente. Los dos tipos de atención son posibles”. Dicho esto, la Consejera se comprometió a tener en cuenta esas consideraciones para elaborar la circular del curso que viene. La presente, la que ha desencadenado una gran polémica en Asturias y que obligó al presidente Adrián Barbón a salir en defensa a su Consejera ante las críticas de la oposición, “tenía la intención de asignar los recursos necesarios”. “Habrá que ponerlo en consideración y volveremos a trabajar sobre la propuesta mejorándola”, indicó. Asimismo, adelantó que seguirán “con mucho detalle los horarios y las atenciones”. Suárez terminó su intervención en la Junta recalcando que “hay muchos alumnos con necesidades especiales que está bien atendido”. “Pero si no está todo el alumnado bien atendido, tenemos algún problema que tendremos que solucionar”, remató.
Ángela Vallina fue muy crítica con Carmen Suárez y aconsejó a la responsable de Educación que se “olvidase” de la circular y que la “rompiese”. “No será porque no se lo hayamos advertido desde principio de curso”, le recordó.
Jóvenes investigadores
Por otro lado, ayer en la Junta también compareció el consejero de Ciencia, Innovación y Universidad, Borja Sánchez, quien remarcó que “el compromiso de este Gobierno” con los jóvenes investigadores es “indudable”. El diputado de Foro, Adrián Pumares, le echó en cara las declaraciones hechas por su directora general de Universidad, Cristina González, que dijo que “el doctorado no en sí mismo un trabajo ni está remunerado”. “Eso es una falta de respeto a los científicos; lo único que ofrece Asturias es una beca mediocre y que además tarda en llegar”, criticó Pumares. A este respecto, Sánchez recordó que los contratos Severo Ochoa son ayudas de excelencia, lo cual implica el desarrollo de un proceso de concurrencia competitiva y “eso lleva un tiempo”. Este año, además, sufrió los retrasos de la pandemia y, por eso, la resolución de la convocatoria actual ha tenido que ser prorrogada.
