La administración asturiana está tramitando unos 50.000 expedientes sancionadores “derivados de la problemática inherente a las restricciones del covid-19”. El vicepresidente del Principado, Juan Cofiño, deslizó el dato ayer en la Junta para destacar el “esfuerzo importantísimo” que está requiriendo la gestión presupuestaria de este ejercicio atípico y anómalo en el que, detalló, también hubo que dar respuesta a otras aproximadamente 50.000 peticiones de ayudas o a “miles de expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE)”. Cofiño incluyó esas cifras en su respuesta a una interpelación de Vox sobre la respuesta que dará la administración a las dificultades de gestión que anuncian los proyectos singulares que han de ser financiados con los fondos europeos.
