DTO ANUAL 27,99€/año

Contenido exclusivo para suscriptores digitales

El fin del teletrabajo el lunes que pretende el Principado es ilegal, avisan los empleados

La normativa fija el carácter preferente del trabajo a distancia hasta el 9 de agosto, tres meses después de que acabe el estado de alarma

Edificio de consejerías del Principado en Llamaquique, en Oviedo.

Edificio de consejerías del Principado en Llamaquique, en Oviedo.

La pretensión de la administración del Principado de devolver al trabajo presencial a los empleados públicos a partir del lunes, coincidiendo con el decaimiento del estado de alarma, tropieza contra un serio obstáculo en las disposiciones legales dictadas para ordenar la vida en pandemia. El Conceyu por Otra Función Pública n’Asturies se remite a los reales decretos que regulan esta modalidad del desempeño laboral a distancia y que establecen que el plazo de finalización de la preeminencia del teletrabajo está legalmente pospuesto hasta el 9 de agosto, tres meses después del vencimiento del estado de alarma.

El teletrabajo como modalidad laboral preferente quedó establecida por real decreto el 17 de marzo de 2020 con la previsión expresa de que la medida mantendría su aplicabilidad “hasta un mes después del fin de la vigencia de la declaración del estado de alarma”. Esa condición inicial fue después ampliada en otra disposición, fechada el 21 de abril del año pasado, que prolongó aun más el periodo de prioridad del trabajo a distancia hasta “los dos meses posteriores al cumplimiento de la vigencia prevista” en el decreto anterior. La suma da tres meses de margen y desplaza el último plazo legal hasta el 9 de agosto, deduce el colectivo de trabajadores públicos, cuya versión de la norma coincide con otras traducciones jurídicas publicadas al respecto. El Conceyu entiende por esas razones que la instrucción del servicio de Relaciones Laborales de la Dirección General de Función Pública informando a los trabajadores de la extinción de los turnos semanales de teletrabajo a partir del próximo lunes “infringe la legalidad vigente y atenta contra los derechos laborales y la protección de la salud de los trabajadores públicos”.

La normativa mencionada sería de aplicación en estos términos para todas las empresas. En el caso de la administración pública, la disposición que ha sido transmitida a la plantilla fija la vuelta generalizada a la labor presencial coincidiendo con el fin del estado de alarma y establece como salvedades las situaciones de los empleados que pertenezcan a grupos de riesgo (los vulnerables) o conciliación (cuidadores de niños o mayores).

El Conceyu considera la medida “ilegal, además de irresponsable y profundamente retrógrada”, y recuerda que “el Gobierno del Principado, a diferencia de lo sucedido en la Administración del Estado, ha sido incapaz de aprobar hasta la fecha una norma interna reguladora del teletrabajo, demostrando una ineptitud descomunal”. A su juicio, “resulta chusco que un Gobierno al que se le llena la boca hablando de la necesidad de reformar la Administración se dedique a abortar a las primeras de cambio una medida de conciliación de la vida laboral y familiar implantada ya con éxito en muchos centros públicos del Estado y en la empresa privada”.

Las disposiciones

Real Decreto 8/2020 de 17 de marzo. Fija el “carácter preferente del trabajo a distancia” y en su disposición adicional décima establece que “las medidas previstas en el presente real decreto-ley mantendrán su vigencia hasta un mes después del fin de la vigencia de la declaración del estado de alarma”.

Real Decreto 15/2020 de 21 de abril. Amplía la aplicabilidad de la medida “durante los dos meses posteriores al cumplimiento de la vigencia prevista” en el decreto anterior.

Compartir el artículo

stats