“Faltan recursos para mantener las autovías y carreteras, hay que abrir el debate sobre fiscalidad o peaje”

–¿Hasta qué punto se les ha colado el conflicto con los interinos en la reforma de la Administración?

–Este proceso es una sucesión de hitos, o de minirreformas, que tienen que ver con aligerar la regulación y el trámite administrativo, pero también con una reordenación de los recursos humanos. Tenemos un plan y sabemos qué administración queremos. El asunto de los interinos viene de lejos, por eso se ha convertido en algo problemático. Las tasas de interinidad que tenemos todas las administraciones son excesivas y vienen de un proceso histórico de acumulación, pero son un elemento más de la reforma que tenemos que abordar. El objetivo es bajar las tasas, o iniciar el camino del descenso, y dotar al personal de cierta estabilidad. No va a ser tarea fácil, porque hay intereses enfrentados, el derecho del interino que viene prestando sus servicios durante muchos años y el que tiene la persona que esta fuera de la administración, o el joven titulado universitario, de acceder a un empleo público.

–Hay personas que llevan veinte años encadenando contratos temporales, algo impensable en la empresa privada. ¿Cómo explica que hayamos llegado hasta aquí?

–Situaciones de interinidad van a darse siempre y son necesarias, pero no en esta cuantía y con esta duración. Yo no voy a culpabilizar a nadie de este exceso, cada uno ha gestionado como ha podido y resolverlo debe de ser muy difícil, porque ésta dista mucho de ser una especificidad asturiana. Hemos llegado hasta aquí básicamente porque este proceso se ha agudizado mucho tras la crisis de 2008, cuando el Estado y las autonomías tomaron decisiones legislativas en clave de estabilización económica que tuvieron su reflejo en las tasas de reposición. Ante la limitación para lanzar ofertas de empleo que incrementasen los recursos públicos, el gestor, y sobre todo el de los servicios sanitarios y educativos, ha echado mano de la figura del interino. Es ahí donde está sobre todo el problema. En el resto del entramado administrativo tenemos una tasa de interinidad que quedará, cuando ejecutemos este año las ofertas de empleo aprobadas, en un admisible seis por ciento.

Prolongar el estado de alarma no es posible porque no hay consenso, el PP lo dejó claro; habríamos deseado otra cosa, pero tenemos instrumentos jurídicos y no preveo problemas

–Ha dicho que tratará de resolver la cuestión sin esperar al cambio necesario de la legislación estatal. ¿Cómo?

–Mi idea es lanzar las ofertas públicas de empleo articulándolas mediante la figura del concurso-oposición e intentar ponderar hasta el máximo posible, sin incumplir los principios de mérito y capacidad, el valor que se da en el concurso a la experiencia, al tiempo en el que los interinos han venido dedicando su tiempo y su trabajo en la administración. Reafirmo que falta seguridad jurídica en esta materia. Necesitamos una normativa que nos dé más confort jurídico, pero como no podemos ni debemos esperar más vamos a lanzar las ofertas ponderando hasta donde sea jurídicamente razonable la valoración de esa experiencia de los interinos.

–¿Hasta el 50 por ciento?

–Ese es el tope que marca el Estatuto Básico del Empleado Público, en términos un poco ambiguos; nuestra legislación no llega, ni con mucho. Sin alcanzar esa cifra, mi pretensión es que nos acerquemos. Ese cincuenta por ciento sería zona de riesgo, jurídicamente hablando, pero seguramente superaremos los porcentajes que se vienen aplicando. Llegaremos hasta donde podamos conciliar sin riesgos el reconocimiento del servicio prestado con el de los principios de mérito y capacidad.

–¿Cómo es posible que haya diferencias de trato tan notables entre unos colectivos de interinos y otros? El convenio de la Orquesta Sinfónica del Principado obliga a hacer fijos a trabajadores con tres años de servicio...

–Estamos hablando de personal laboral y de un organismo autónomo que tiene un convenio propio, acordado con los sindicatos. Nosotros no nos podemos inmiscuir en una negociación colectiva.

–Han ordenado la vuelta al trabajo del personal de la Administración a partir de mañana, pero hay quien interpreta que los decretos que lo regulan marcan tres meses más desde el fin del estado de alarma...

–La pandemia está siguiendo el curso que está siguiendo, el proceso de vacunación se está incrementando, estamos normalizando la vida de la sociedad y eso debe corresponderse con una normalización de la vida de los funcionarios y la Administración. Por supuesto que es legal, faltaría más. Y si alguien no está conforme, tiene los tribunales a su disposición. El criterio es éste, y es inflexible. El lunes se incorporan al trabajo todos los funcionarios a excepción de los grupos de conciliación o que tengan dependientes a su cargo.

–¿Puede precisar en qué consiste la ley de simplificación de trámites administrativos que están a punto de llevar a la Junta?

–Padecemos un problema de exceso de regulación. Y no soy yo un liberal extremo partidario de la desregulación, pero creo que se nos ha ido la mano en muchos aspectos, y hablo de todos los niveles legislativos. Eso tiene consecuencias en la lentitud de los trámites. Nuestra ley del suelo, por ejemplo, es absolutamente inapropiada. Excesiva, prolija y generadora inexorable de plazos inasumibles en los trámites. Puedo decir lo mismo de la de patrimonio cultural, o de la medioambiental. Tenemos que revisar poco a poco en los próximos meses y años una buena parte de nuestro dispositivo regulatorio y en junio queremos llevar a la Junta una ley ómnibus, que reforma aspectos concretos de otras muchas leyes. No será la cura de fierabrás, pero tocará algunas cosas urgentes, como la aligeración de los trámites necesarios para algunas licencias de obra.

–Las ayudas del “fondo covid” se han empezado a pagar en mayo, hasta el viernes no han tenido una fórmula para dar cabida en ellas a los negocios con deudas tributarias... ¿Le sirven como ejemplos de la falta de eficiencia que hay que superar?

–Podría leerse así. Si me pregunta si es demasiado tiempo, respondo que sí. Pero por si se deriva una interpretación poca proactividad, me explico: el presupuesto se aprueba el 31 de diciembre, pero no se abre para gestionarlo hasta finales de febrero. Pasa por procesos de publicación en el BOPA, de carga en los sistemas…

–Ahí lo tiene.

–Eso conecta con lo que he dicho de padecemos un problema de exceso de regulación. Todo tiene explicación. ¿Habría que aligerar esos trámites previos? Sin duda, sí. Pero el hecho es que el procedimiento es éste. Y que estamos pagando ya, así que de facto han transcurrido dos meses y medio. Además, hay que tener en cuenta que esta Administración, sin pandemia, tramita en un año normal unos cuatrocientos expedientes. Este año tenemos 50.000 sólo de sanciones, además de los miles de solicitud de ayudas, cada uno con unos requisitos mínimos que hay que comprobar uno por uno… La Administración no estaba diseñada para este volumen extraordinario, que se suma a una regulación excesivamente intrusiva. 

Juan Cofiño. | Luisma Murias

–¿Qué plan de desescalada tiene en mente Asturias?

–Ya estamos en desescalada. Somos, de hecho, una de las pocas autonomías que va a mantener abierta la hostelería hasta la una de la mañana, consecuencia de haber hecho las cosas bien especialmente en Semana Santa y los días posteriores, cuando tanto se nos criticaron las medidas. De resultas de eso, tenemos una situación pandémica que nos permitirá recuperar mejor la normalidad.

–El ocio nocturno pide aperturas urgentes y Galicia tiene un plan.

–Estamos preocupados por los sectores que siguen fuera de la desescalada, como el ocio nocturno o las orquestas de verano, porque van a tener que seguir cerrados un tiempo. Por la naturaleza de su actividad son más problemáticos desde el punto de vista de la pandemia y nuestro propósito es hacer una mención especial a ellos en las próximas convocatorias de ayudas. Tenemos que producir a su favor una discriminación positiva notable, porque es verdad que pueden aducir agravios.

–¿Habrían deseado un control estatal más estricto tras el estado de alarma, se está dejando a las autonomías a su suerte?

–Lo óptimo sería contar con la cohesión que ha pedido el consejero de Salud, pero estamos en el mundo de lo posible. Eso implicaba acuerdos en el Congreso de los Diputados que no son posibles. El grupo popular lo ha dicho por activa y por pasiva. ¿Para qué situarse en la melancolía? No es posible una prolongación del estado de alarma porque no hay un consenso suficiente para ello. Hay que instalarse en la realidad. Tenemos instrumentos jurídicos, podemos acudir también al Tribunal Superior de Justicia cuando tomemos medidas que afecten a derechos fundamentales, con la garantía de que despachará en 48 horas cualquier petición. Habríamos deseado otra cosa, pero tenemos instrumentos jurídicos y ya no estamos en una situación como la de hace dos o tres meses. No preveo grandes problemas.

–El Principado se ha opuesto al plan del Gobierno para cobrar peajes en las autovías, pero a la vez se queja con frecuencia de la carga que le supone el mantenimiento de las carreteras. ¿Cómo encaja todo eso?

–Si somos sensatos, este debate hay que hacerlo, aunque pueda resultar incómodo. En los años 80 y 90, este país construyó una inmensa red de carreteras y autopistas que hay que mantener, porque se deterioran. Y ese mantenimiento es costoso. Y estamos viendo que los presupuestos de las administraciones públicas cada vez dejan menos margen para atender a esta necesidad. Como dicen los ministros, y tienen razón, hay varias formas de pagar esto: con cargo a los presupuestos generales del Estado si somos capaces de reformar la cesta fiscal de modo que provea los recursos suficientes, o conforme a un modelo de pago por uso, por cierto casi generalizado en Europa. Y me quedo ahí.

Arcelor tiene proyectos, está pidiendo auxilio para ponerlos en marcha y en esa negociación estamos

–Es un problema que afecta más a Asturias.

–Mirando desde Asturias, además, hay otra variable a introducir, el peaje del Huerna. Hay territorios, como nosotros, Galicia o Cataluña, que pagamos más que otros por el tránsito, y eso lo asume el Estado. Esto pone en riesgo la cohesión de un país, igual que la competencia fiscal desaforada. Si hacemos un debate serio, una de las ventanas de oportunidad que tenemos en Asturias es que este debate y sus consecuencias terminen haciendo que se igualen estas situaciones y desaparezca esa asimetría en la movilidad.

–Hay quien traduce el resultado electoral de Madrid como un espaldarazo a la gestión de la pandemia de Díaz Ayuso frente a otras. ¿Acierta?

–Las elecciones están muy recientes y para analizarlas hay que tomar distancia. Estoy convencido de que el resultado es la consecuencia de muchas cosas y no excluyo que desde algunos sectores sociales en Madrid pueda haber influido una determinada visión de cómo se ha gestionado la pandemia, pero si comparamos con Asturias, descubriremos muchos ingredientes que nos diferencian. Ni la estructura poblacional ni la socioecónomica se parecen, y además se han dado otras circunstancias que no han coadyuvado al resultado. La campaña de la izquierda admite mejoras, se ha polarizado mucho en torno a lo más radical, la irrupción de Pablo Iglesias ha estimulado el voto de la derecha... No es comparable en absoluto con el caso asturiano y la lectura en clave nacional tampoco procede.

–¿A cuántos profesionales ascenderá la contratación adicional de personal para la gestión de los fondos europeos?

–Para eso estamos diseñando un programa temporal a tres años. Siempre se pregunta cómo es posible que teniendo 12.000 funcionarios aun necesitemos más. Pero cuando se repasa la plantilla del Principado, uno se da cuenta de los déficits que tenemos, de lo mal diseñada que está. Nos sobran unas categorías profesionales y nos faltan otras. Por ejemplo, para la gestión de los fondos nos faltan profesionales duchos en contratación o en evaluaciones medioambientales. Es un problema de reajuste de la Administración, pero esa es una tarea de medio y largo plazo y ahora mismo tenemos una necesidad puntual. Pronto decidiremos cuántos y qué perfiles necesitamos.

–¿Qué expectativas maneja de que alguno de los grandes proyectos de generación energética que ha presentado Asturias se incluyan en los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica?

–El Gobierno del Principado está trabajando en muchos frentes en materia industrial y de manera muy intensa. La sustitución del mix energético asturiano es uno de los objetivos y estamos trabajando mucho todos en esto. Lo que puedo anticipar es que soy optimista en cuanto a que Asturias pueda ocupar un hueco ahí.

–¿Con alguna base sólida?

–Sí. Hay muchos proyectos de esta naturaleza presentados desde Asturias, pero siempre hemos dicho que la gestión de los fondos todavía está verde y además hay muchas empresas que nos piden confidencialidad.

–¿Cuál es su planteamiento respecto a la perspectiva de transición verde de Arcelor?

–Arcelor tiene que transformar su modelo de producción. Teniendo en cuenta que debe salvaguardar sus costes, ser eficiente y ganar dinero, todos sabemos que debe iniciar la senda hacia un modelo de producción medioambientalmente sostenible. Eso está interiorizado dentro de la empresa. Es un proceso complejo, pero trabajamos con ellos mano a mano, estamos todos muy proactivos y soy muy optimista en cuanto a la preservación de esa parte de la producción industrial en Asturias. La empresa tiene proyectos, está pidiendo auxilio para ponerlos en marcha y en esa negociación estamos.