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El Principado acumula más de un millón de euros en impagos de daños de fauna salvaje

Las indemnizaciones pendientes de 2019 y 2020 mantienen sin ejecutar algo menos de la mitad de los 2,3 millones abonados

Ganado vacuno en la vega de Brañagallones, en Caso. FERNANDO RODRÍGUEZ

Los agricultores y ganaderos asturianos tienen pendientes de cobro más de un millón de euros en compensaciones por daños de la fauna salvaje acumuladas de los años 2019 y 2020. Los créditos en espera corresponden a más de 2.000 expedientes de los casi 10.000 presentados en los dos ejercicios y su traducción a dinero mantiene lejos del alcance de sus beneficiarios 192.479 euros de ataques notificados en 2019 y 831.658 sin respuesta desde 2020. El recuento queda fijado así en la respuesta del consejero de Medio Rural y Cohesión Territorial, Alejandro Calvo, a una pregunta formulada en la Junta por el diputado de Izquierda Unida Ovidio Zapico. El millón largo en resoluciones aprobadas e impagadas representa algo menos de la mitad de los 2,3 millones que sí han sido efectivamente desembolsados en indemnizaciones, a los que se añaden otros 386.289 euros de expedientes en el cajón de “pendientes de fiscalización para su pago”. La Administración ha denegado o archivado un 8,7 y un 8,5 por ciento de las peticiones presentadas en los dos últimos ejercicios completados.

El volumen del crédito irresuelto, “una barbaridad” en opinión del parlamentario interpelante, supone un refuerzo en su convicción de que “los pagos a los ganaderos afectados por los daños de la fauna salvaje deben ser mucho más ágiles, casi inmediatos”, afirma Zapico. Haber sufrido las pérdidas en el año 2019 y seguir sin cobrar en 2021 genera en el colectivo un malestar que hay que entender”, remata. Ese descontento ante la nueva evidencia del retraso se ha revelado por ejemplo en la reacción del sindicato agrario COAG, “harto de que la Administración nos ningunee y de que se dé tan poco valor a nuestro trabajo y a nuestro dinero”. La organización se obliga a recordar que las demoras en los pagos se añaden al desgaste económico y anímico que los afectados deben soportar como consecuencia de los ataques a sus reses y a sus cultivos.

Las esperas muy superiores que ahora deben soportar los afectados antes de percibir las indemnizaciones acrecientan un desasosiego que en los últimos meses ha ido en aumento, abonado por la controvertida pretensión del Gobierno estatal de subir el régimen de protección del lobo mediante su inclusión en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial.

Ovidio Zapico añade a su demanda de celeridad, por lo demás, otra relacionada con el rigor en las tasaciones de los daños. En su estado actual, advierte, en esa evaluación interviene un componente de subjetividad que convendría aminorar. Quizá no profesionalizarlo, matiza, pero sí “especializar a los guardas tasadores”, de forma que esa labor se encomendase a un cuerpo de personas que actuaran siempre con criterios homologables.

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