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El PSOE tumba en el Congreso la ley de sanidad que defendió su portavoz en la Junta

Ni los socialistas ni Unidas Podemos respaldaron la iniciativa que tres diputados autonómicos de sus grupos acudieron a justificar a Madrid

Por la izquierda, Isidro Martínez Oblanca, Ovidio Zapico, Dolores Carcedo, Sofía Castañón, Daniel Ripa, Luisa Carcedo y el diputado socialista Roberto Morís.

Los votos del PSOE en el Congreso de los Diputados evitaron ayer que la proposición de ley promovida por la Junta General del Principado para el blindaje legislativo del derecho a la asistencia sanitaria universal sea tramitada en las Cortes. Los socialistas votaron junto a toda la derecha en contra de una propuesta que su portavoz en la Junta, Dolores Carcedo, acudió a defender desde la tribuna de la Cámara Baja junto a los también parlamentarios autonómicos Daniel Ripa (Podemos) y Ovidio Zapico (IU).

Las votaciones convirtieron en altamente paradójica una sesión en la que no apoyó la propuesta ninguno de los grupos que representan en el Congreso a los tres diputados asturianos que la defendieron: el PSOE votó en contra y Unidas Podemos (UP) se abstuvo, aunque la asturiana Sofía Castañón se pronunció a favor, igual que la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra. También los diputados de ERC, Bildu, Ciudadanos, PdCAT, Más País, Teruel Existe, Coalición Canaria, UPN o el BNG. El PNV se abstuvo y el PSOE decidió el fracaso de la propuesta al alinear sus 119 votos contrarios con los de toda la derecha: PP, Vox y Foro Asturias. Arguyeron los socialistas que todas las medidas que contiene la proposición –aprobada en la Junta en 2017– han sido dadas de paso durante el Gobierno de Pedro Sánchez.

El trío de diputados asturianos trataba de hacer uso de la prerrogativa de iniciativa legislativa que otorga a los parlamentos autonómicos el artículo 87.2 de la Constitución y defendió cuatro años después una propuesta que originalmente presentó IU en 2015 y que la Junta aprobó en marzo de 2017.

Tenía por propósito, explicó Ovidio Zapico en el Congreso, “corregir una decisión injusta y errónea” adoptada por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2012, responsable de “un tijeretazo sin precedentes a la atención sanitaria pública en nuestro país”. Concretó en referencia a la exclusión del sistema de los inmigrantes sin papeles, de algunos emigrantes españoles y de otros colectivos vulnerables. Admitió él y todos sus compañeros que buena parte de los aspectos más cuestionados de la norma han sido reformados y revertidos en un real decreto del Gobierno socialista de 2018, pero también adosaron a esta la certeza de que la pandemia ha renovado su pertinencia. “Nos encontró con una sanidad debilitada por años de recortes, con un sistema de cuidados zarandeado”, justificó Ripa, convencido de que esta ley “reviste una importancia máxima” para “consolidar el derecho a la universalización sanitaria”. No convenció ni a su grupo. Tampoco, o menos, pudo hacerlo Dolores Carcedo, que se remitió a la “debacle en cuanto a retroceso en derechos” que acompañó a la política de austeridad de Rajoy y a “las cosas que han cambiado” desde que gobierna el PSOE, pero también al camino que “queda por recorrer” y a la actualización que ha experimentado durante la pandemia la constancia de que “no hay salud personal si no hay salud pública”.

El debate que siguió a las intervenciones de los enviados de la Junta retrotrajo al Congreso a los recortes del pasado y tuvo acento asturiano con las intervenciones de Sofía Castañón (UP), José María Figaredo (Vox), Isidro Martínez Oblanca (Foro) y Luisa Carcedo (PSOE), diputados por Asturias. Esta no anunció en su turno el voto negativo de su grupo ni hizo más referencia a la supuesta extemporaneidad de la propuesta que una muy medida referencia a su pertinencia conjugada en pasado: “Era entonces necesaria”, “estábamos ante una necesidad de revertir aquel real decreto...”

Castañón reconoció que el tiempo ha dejado “inevitablemente desfasada” la propuesta, pero también que “no hay razón para el voto negativo cuando estamos hablando de la defensa de la sanidad universal”. En un comunicado, UP añadió que el texto propone una reforma del organismo público Muface que “debe ser discutida con los sindicatos”.

La controversia lingüística entre Podemos y Vox se cuela en la Cámara Baja


De repente, mientras el Congreso retrocedía en el tiempo y debatía una proposición de ley que la Junta aprobó en 2017 para revertir los recortes de un Gobierno de 2012, la lengua asturiana encontró un hueco y se coló en el hemiciclo. El portavoz de Podemos en el parlamento asturiano, Daniel Ripa, soltó en bable unas frases de su discurso y su compañera Sofía Castañón, con camiseta de la oficialidad, fijó la posición de Unidas Podemos haciendo uso de unos versos de la letra de “Indios”, una canción de “Dixebra”, antes de cerrar su intervención deseando en asturiano a la delegación de la Junta que la próxima vez que los vea por allí sea para defender la reforma del Estatuto de Autonomía para incluir la cooficialidad de la llingua.

El siguiente grupo en hablar era Vox y en su nombre subió el asturiano José María Figaredo a trasladar a la Cámara Baja la disonancia lingüística que su partido y los de la izquierda mantienen en la Junta e informar a la concurrencia de que Castañón se había expresado, dijo, en “una lengua que se han inventado anteayer”.

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